El tiempo de las urnas ya llegó. 24.884.338 ciudadanos están habilitados para votar hoy la renovación de la totalidad del Senado nacional y la mitad de la Cámara de Diputados. Las primeras elecciones legislativas que enfrenta la administración delarruista se destacan por una apatía generada por la crisis económica y el descreimiento de la gente en una clase política devaluada.
En la provincia de Santa Fe se eligen tres senadores y 9 diputados nacionales del distrito, entre los postulantes propuestos por cuatro alianzas y diez partidos, mientras que en Rosario se renuevan 21 de las 42 bancas del Concejo Municipal. Asimismo, en Roldán, Puerto General San Martín y Fray Luis Beltrán, al igual que en otros puntos del país, se elige intendente.
Los argentinos encararán las primeras elecciones del siglo XXI delineando el futuro político del país para los próximos dos años de mandato de Fernando de la Rúa, en momentos en que el gobierno prepara un nuevo intento de reforzar la imagen del presidente mediante la renovación parcial del gabinete, la ratificación del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el mantenimiento de la convertibilidad.
Estos atípicos comicios, precedidos por la campaña más corta y austera de la historia argentina, tuvieron como figuras centrales a dos dirigentes que no son candidatos: la diputada Elisa Carrió (ARI) y Cavallo. El objetivo central de todos los postulantes (incluidos los del oficialismo) fue atacar el modelo impulsado desde el gobierno. En ese marco, se lucieron dos temas casi tabú en la última década: la devaluación y la renegociación de la deuda externa.
El peligro blanco
El voto en blanco (en otras elecciones sólo un casillero casi sin importancia en el escrutinio) se transformó en un peligro latente ya que gran parte del electorado decidió exteriorizar por esa vía su rechazo a la clase dirigente.
En tanto, en virtud de la Constitución reformada en 1994, por primera vez en 28 años se elegirá a través del voto directo a la totalidad del Senado. Además, con el cupo femenino, se garantizan al menos 24 bancas para mujeres.
Pero hay otro caso atípico: candidatos que están procesados por la Justicia. Se trata del ex presidente Carlos Menem, quien se postula como senador suplente por La Rioja, y el ex gobernador de Corrientes y ex intendente de la capital de esa provincia Raúl Tato Romero Feris. Ambos están habilitados por el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la nueva Carta Magna, que permite la candidatura mientras no haya condena firme.
Otro ex presidente, Raúl Alfonsín, es también postulante a senador y compite en Buenos Aires con el adversario de De la Rúa en la elecciones del 99, el justicialista Eduardo Duhalde.
Los argentinos elegirán 72 nuevos senadores para reemplazar a los 69 actuales (faltan dos por Catamarca y uno por Tucumán), que ocuparán su banca por seis años (hasta ahora era por nueve). En Diputados, se renovarán 127 bancas de las 257 actuales.
El padrón general está compuesto por 12.747.752 mujeres y 12.138.596 hombres, quienes podrán emitir su sufragio en 88.717 mesas distribuidas a lo largo y ancho del país, según datos oficiales proporcionados por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.
Ahorro electoral
Según la Justicia Electoral, estos comicios serán más baratos que sus directos antecesores. Al Estado sólo le costarán 53.000.000 de pesos, en contraposición a las presidenciales del 99 (125 millones) y las legislativas del 97 (60 millones). Además, se movilizarán 100.000 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad para tareas de control.
El flujo de los votos
Se espera que alrededor de las 20.30 haya una tendencia de votos y, alrededor de la medianoche, se podría conocer el escrutinio provisorio. Como dato complementario de unas elecciones que generan tan bajo interés, no faltó quien hiciera una revisión de los castigos que prevé la legislación.
Como publicó ayer La Capital, si ninguno de los 24 millones de ciudadanos habilitados fuera a votar, el monto total de la multa sería de sólo 120 pesos ya que la sanción prevista en el Código Electoral en vigencia, aprobado durante el gobierno de Alfonsín, sufrió varias devaluaciones.
De todos modos, quien no emita el sufragio no podrá realizar trámites en organismos públicos durante un año ni ser designado para ocupar cargos públicos durante tres. Este diario pudo saber que ninguna empresa periodística realizará hoy los polémicos sondeos a boca de urna.
La Ciudad
