La Procuración General de la Nación presentó ayer ante la Justicia un recurso de amparo para que el Ministerio de Economía le remita la partida presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del año para poder pagar sueldos y otros gastos.
La presentación del organismo que encabeza Nicolás Becerra -el jefe de los fiscales- quedó radicada en el juzgado en lo contencioso administrativo federal número 12 de Capital Federal, a cargo de Guillermo Rossi.
Voceros de la Procuración informaron ayer que la medida de amparo fue presentada porque desde el Ministerio de Economía "todavía no llegó la partida de dinero, por lo que algunos de los sueldos están sin pagarse" y ante el temor de que la situación se prolongue mucho más, teniendo en cuenta los antecedentes en las provincias respecto de las demoras y recortes en la coparticipación federal.
Además, advirtieron que, de persistir esta situación, "el problema podría extenderse a los aguinaldos".
Según trascendió, el propio Becerra impulsó la medida para que sea tratada con carácter de urgente y hoy mismo el magistrado que entiende en esta causa podría expedirse sobre el asunto.
Tanto el Ministerio Público y la Defensoría General de la Nación tienen partidas autónomas, o sea independientes del presupuesto para los magistrados y los empleados del Poder Judicial, por lo cual Economía puede efectuar los recortes directamente y a discreción.
Es así como trascendió que las asignaciones del tercer trimestre del año sufrieron un recorte del 13 por ciento para los sueldos y del 89 para los gastos administrativos, pese a lo aprobado en la ley de presupuesto para este año.
Esta medida restrictiva dispuesta por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, también afectó a la Defensoría General de la Nación. Y ahora se denuncia que no llegó el dinero del tercer trimestre del año en curso.
"La intención es que el Palacio de Hacienda remita el dinero correspondiente a los gastos generales y parte de los salarios ya que la planta de contratados sólo cobró el 50 por ciento y si seguimos así no vamos a poder pagar los alquileres", indicó una fuente de la Procuración.
El recorte fue distinto en la Justicia
Como parte de los ajustes impulsados en el marco de la ley de déficit cero, magistrados y empleados del Poder Judicial debieron acatar el recorte impulsado por la cartera del ministro Cavallo, aunque se indicó que esa reducción no iba a perjudicar a los salarios.\Así fue como el 28 de agosto pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un presupuesto para el año 2002 inferior en casi 150 millones de pesos al estipulado por el Consejo de la Magistratura.
La Ciudad
