Las cuentas corrientes de Santa Fe deberán tener déficit cero durante el 2001 y un superávit del cuatro por ciento al año siguiente y se establecen techos para que que no crezca el endeudamiento. Durante los próximos dos años no se prevén recortes en el presupuesto de Educación, pero la provincia debe redistribuir el personal docente según la información recogida de los legajos electrónicos de maestros y alumnos y auditar los subsidios que reciben los colegios privados. El Poder Ejecutivo debe publicar por Internet sus estados económicos y financieros, conseguir que el Iapos también tenga déficit cero a partir del año que viene, avanzar en una reforma del sistema de salud pública y constituir un registro de beneficiarios de la acción social. Tales son los principales puntos comprometidos por la provincia para acceder a un crédito por 330 millones de dólares del Banco Mundial, cuyo primer desembolso se prevé para el mes próximo y significará un bálsamo para el Tesoro provincial, que viene siendo golpeado por una interminable recesión y los incumplimientos de la Nación en el envío de las remesas de la coparticipación federal.
El préstamo del BM se estuvo negociando durante más de un año y fue finalmente rubricado a principios de este mes por Myrna Alexander, representante de la entidad financiera en la Argentina, y el gobernador Carlos Reutemann.
Llegarán a la provincia 330 millones de dólares, a desembolsar en tres tramosSe pactó con una tasa aproximada del siete por ciento anual y un plazo de amortización de 15 años, con cinco de gracia.
Con los primeros 153 millones el gobierno decidió por lo pronto hacer una reserva de caja, hasta tanto se tenga un panorama financiero más claro para los próximos meses.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, tenía en principio previsto avanzar con una reestructuración de la deuda comercial de la provincia. Por un lado reordenar las cuentas del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales) del que debió echar mano para solucionar urgencias, y también anticipar desembolsos del crédito del fondo fiduciario al que se recurrió para privatizar el banco provincial, que vencen el año próximo. Este dinero llegará en menos de dos meses, pero la situación de default del gobierno nacional en cuanto al cumplimiento de la coparticipación federal llevó al gobierno santafesino a adoptar una posición más conservadora, desensillando hasta que aclare.
El resto de la plata se recibirá en dos cuotas, una a los seis meses por 50 millones, y al año del primer desembolso se girarán los 127 millones restantes, siempre que se vaya cumpliendo con lo pactado.
El préstamo establece una serie de condicionamientos que apuntan a la administración de las áreas de educación y salud, obras de infraestructura, la privatización de la EPE, el equilibrio de las cuentas públicas, y la eliminación del déficit en organismos como el Iapos. Además obliga a la provincia a cumplir con el cronograma de eliminación de los aportes sociales de la ley 5110.
El acuerdo rubricado establece que la provincia debe tener en el período anterior a la liberación del segundo tramo, durante seis meses consecutivos (sobre ocho meses previos al desembolso) un saldo positivo o cero en la cuenta corriente del sector público.
Este saldo es la diferencia entre los ingresos corrientes (impuestos, venta de bienes y servicios, coparticipación, y otras transferencias federales para financiar gastos corrientes), y gastos corrientes (pago de sueldos, uso de bienes y servicios, intereses de la deuda y transferencias sin contraprestación). El texto aclara que se entiende por sector público provincial a todos los componentes del Estado provincial excepto las empresas paraestatales y de seguridad social, lo cual deja afuera de la contabilidad a la deficitaria Caja de Jubilaciones y la propia Empresa Provincial de la Energía (EPE).
También se establece que en el período previo a la liberación del tercer tramo, o sea de aquí a un año, la cuenta corriente de la provincia deberá tener un saldo a favor como mínimo del cuatro por ciento, durante seis meses consecutivos (siempre a elegir entre ocho previos a la fecha de desembolso).
El compromiso establece además topes para los niveles de endeudamiento de la provincia. Previo a los desembolsos del segundo y tercer tramo, se deberá verificar que la deuda santafesina no podrá exceder el 50 por ciento de los ingresos corrientes.
La administración
El Ejecutivo presenta en la Legislatura un proyecto de ley que proporcionará el marco legal para la creación de un sistema de gestión provincial, adquisiciones públicas provinciales y la determinación de criterios para alcanzar el equilibrio fiscal en el año 2005.
Además, el BM y la provincia intercambiarán información sobre las declaraciones de impuestos, las auditorías impositivas y recaudación de impuestos federales y provinciales.
Por otra parte, establece la obligación de eliminar gradualmente los aportes sociales que corresponden por la ley 5110, un compromiso que ya había asumido el año pasado el gobernador Reutemann y está refrendado por una ley.
La provincia debe avanzar en la informatización de instrumentos de recaudación, mediante la implementación de un sistema computarizado a través del cual los contribuyentes pueden obtener los formularios para el pago de ingresos brutos.
La venta de la EPE
El acuerdo plantea la licitación pública de las acciones clase A y clase B de Energía de Santa Fe Sociedad Anónima y a la vez exige una norma medioambiental: la EPE deberá eliminar todos los bifenilos policorados (BCP) de todas sus instalaciones en la distribución de electricidad.
Para el desembolso del segundo tramo, si la totalidad de las acciones de la EPE fuera adquirida por uno o más inversores privados, el Ejecutivo deberá haber avanzado en la constitución del ente regulador, suministrando a la Legislatura los nombres de los candidatos para el Consejo Directivo del Ente de Regulación y Control de la Electricidad.
Acción social
La eficacia del gasto social es otro de las áreas que quedan bajo el monitoreo de la entidad crediticia. En efecto, la provincia deberá destinar como mínimo 50,9 millones en el presupuesto para su Secretaría de Promoción Comunitaria, y al menos dos de los planes de asistencia social que evalúe el gobierno provincial deberán ser aceptables para el BM a fin de determinar su eficacia en función de los costos, cobertura de la población de referencia y calidad de los servicios prestados, previo al desembolso del segundo trámite del crédito.
En el momento de la liberación de tramo siguiente se deberán destinar 50,9 millones para la Secretaría de Promoción Comunitaria y se reformarán los programas previamente evaluados. La provincia se comprometió a presentar un registro de todos los beneficiarios del Programa Provincial de Ayuda Social Solidaria.
Educación
El ministro de Hacienda Mercier destacó que se mantendrán durante los próximos dos años los recursos destinados a Educación. "No habrá más plata pero tendrán el piso asegurado, y si se producen ahorros quedarán dentro del propio ministerio". La letra fría del acuerdo dice que la Legislatura deberá aprobar un presupuesto anual equivalente como mínimo al del año 2001 para el sector, durante los años en que se liberen los tramos II y III, y están de por medio algunos pasos de reforma.
* Los antecedentes personales del 50% del personal docente están registrados y actualizados en un legajo único electrónico del Sistema de Administración de Recursos Humanos, existiendo un legajo independiente para cada empleado.
* Los antecedentes personales del 50% como mínimo de los alumnos matriculados están registrados y actualizados en un legajo único electrónico del Sistema de Gestión y Administración Escolar, con un legajo independiente para cada alumno.
* Estos dos sistemas se integran para saber la correcta distribución del personal docente.
* El 50% de las escuelas secundarias adopta planes de desarrollo escolar, y cada uno de estos planes se formulan teniendo en cuenta los resultados de la evaluación nacional de calidad.
* La provincia formula un plan de acción para habilitar institutos de formación docente públicos y privados.
Las escuelas privadas también están bajo la lupa del Banco Mundial. Un punto clave en esta dirección es la reglamentación de la ley que establece el marco para otorgar subvenciones públicas a las escuelas privadas, de acuerdo a criterios objetivos respecto de la calidad de la escuela, el número de alumnos y sus antecedentes económicos. La provincia diseña un sistema de auditorías para evaluar anualmente a las escuelas privadas que se adjudiquen las subvenciones.
A la hora de desembolsar el tercer tramo del crédito, la registración de docentes y alumnos deberá alcanzar a la totalidad de la población escolar. La información recogida de los dos sistemas deberá habilitar una redistribución del personal docente.
Para la salud
La provincia deberá crear un programa de atención primaria de la salud para la población sin cobertura y se hará un estudio del funcionamiento de los 55 hospitales públicos provinciales.
Se establece que un mínimo de siete hospitales efectuarán convenios de prestación en términos aceptables para el banco. Cada uno debe adoptar un sistema para admitir y dar de alta a los pacientes, y un sistema para identificar y emitir facturas a los pacientes con seguro.
Además, la provincia emite una norma que permite una nueva matriculación de todos los prestadores de salud y un censo de todos los profesionales médicos que prestan servicios en los hospitales.
Previo al desembolso del segundo tramo del crédito, el gobierno se compromete a auditar un cinco por ciento de los prestadores de salud inscriptos en el registro del Ministerio de Salud de la provincia, y otro tanto antes del último tramo.
Antes de que se libere la última parte del préstamo, el Poder Ejecutivo deberá reducir en un 20 por ciento el número de instalaciones de salud que operan sin habilitación.
Durante los seis meses anteriores la liberación del tercer tramo, el 60% de los niños que viven en los departamentos Garay y San Javier deberán haber sido incluidos en el programa de atención primaria de salud.
También como requisito para acceder al último tramo se prevé que todas las mujeres con embarazos de cuatro meses o más han tenido dos controles prenatales. Para ese momento, los 55 hospitales provinciales deberán haber adoptado un sistema de recuperación de los costos.
Déficit cero para el Iapos
Para el Iapos se plantea que debe obtener como mínimo durante los 12 meses posteriores a la liberación del segundo tramo, ingresos anuales (a aportes jubilatorios de los empleadores y empleados, ingresos por coparticipación en los pagos de los beneficiarios del seguro de salud) iguales o superiores a sus gastos (los necesarios para el pago de cualquier concepto).
Un año antes de la liberación del tercer tramo, el Iapos deberá tener ingresos iguales o superiores a sus gastos y se deberá avanzar en la facturación del 60% de las prestaciones a usuarios con cobertura social.
Infraestructura
La provincia deberá evaluar todas las inversiones nuevas en infraestructura, con un costo de 7,5 millones. Antes de la realización de estas inversiones, la provincia se comprometió a realizar evaluaciones de impacto ambiental.
Para el año de la liberación del segundo tramo, la Legislatura provincial deberá aprobar un presupuesto anual equivalente a 15 millones, como mínimo, para el mantenimiento de caminos.
Después de liberar el tercer tramo del préstamo, se deberán destinar otros 20 millones para mantenimiento de caminos.
La Ciudad
