Editorial

El Estado no debe desertar

La relación entre el gobierno nacional y nuestra provincia, con sus altibajos, ha sido en estos últimos años de un nivel aceptable, con un gran espíritu de comprensión y tolerancia frente a las exigencias de la coyuntura, lo cual redundó hasta ahora en un bajo margen de conflictividad. Pero se debe reconocer que fue más como consecuencia del esfuerzo realizado por la administración santafesina que por los gestos que ha tenido el Ejecutivo nacional. Y se señala esto porque hay suficientes y contundentes argumentos para demostrar que la relación es desigual y que si no se cumple con los compromisos establecidos se hace muy difícil mantener en orden las cuentas e impedir que avancen la imprevisión y el caos.
En la edición de ayer, La Capital informa que, sólo en relación a las partidas de Educación y Salud, la Nación le adeuda a Santa Fe 41,5 millones de pesos. Una cifra con la cual se podría encarar por un año un programa de acción comunitaria. Se trata de fondos que habían sido convenidos por las transferencias de escuelas y hospitales. Un traspaso que, obviamente, implicaba una suma de dinero para que la provincia pudiera sostener la infraestructura, programas sanitarios, atención en Pami, provisión de medicamentos y la capacitación de los docentes, entre las principales prioridades. Pero la deserción del Estado nacional ha sido tan evidente como carente de algún tipo de explicaciones lógicas.
Dos muestras del cuadro de situación son elocuentes: a comienzos de año las respectivas carteras educativas firmaron un convenio por el cual Santa Fe debía recibir 9,6 millones de pesos y sólo se envió 1,3 millón; por su parte, el Ministerio de Salud le debe 12 millones, pero se suma el no envío de medicamentos de lucha contra la lepra y la tuberculosis, lo mismo que el de las drogas oncológicas. El desentendimiento es tal que el propio ministro de Hacienda de la provincia volvió a insistir en que se cierren las carteras educativa y sanitaria de la Nación, ya que funcionalmente no tienen sentido alguno. Una definición que de no producirse cambios sumará indefectiblemente el consenso de la ciudadanía.
Y es que resulta francamente injusto que Santa Fe reciba este trato, habiendo sido una de las provincias que se anticipó a los ajustes, produciendo importantes recortes de gastos en distintas reparticiones e inclusive exigiéndole hasta un 30 por ciento de achicamiento a la Legislatura. Existe una cadena de responsabilidades en el Estado que es de imprescindible cumplimiento. Transferir no implica desentenderse. Si así fuera se estaría sembrando el colapso económico y un futuro sin ninguna salida.