La directora de la Escuela Nº1.218 del barrio Santa Lucía reconoció ayer públicamente que en algunos piquetes que se hicieron en Rosario se les tomó asistencia a los beneficiarios de planes sociales. El dato fue confirmado por María del Rosario Méndez, quien el lunes pasado fue identificada ante la propia ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, como la artífice de esta coacción a los vecinos del barrio, ubicado en Cerrito y Circunvalación. La docente se defendió de las críticas al señalar que en los movimientos de desocupados se ven obligados a implementar "criterios de selección, dado que la necesidad de la gente supera la cantidad de planes de trabajo".
Los sondeos realizados por inspectores de la cartera laboral ubicaron a Rosario dentro de las zonas donde los beneficiarios de planes sociales eran víctimas de la coacción ejercida por los piqueteros para participar de las protestas.
La ministra Bullrich había denunciado que los piqueteros eran amenazados por los líderes con perder sus planes sociales si no participaban de los cortes de ruta. Es más, la funcionaria nacional aseguró que a cada beneficiario "obediente" se le otorgaba un puntaje por participar tanto en asambleas como en los piquetes callejeros.
El lunes pasado, apenas Bullrich se hizo presente en la delegación local de la Gobernación, fue abordada por Victoriana Aquino, una mujer de unos 40 años que le denunció la aplicación en Rosario de este rango de puntajes. Es más, señaló a Méndez como una de las evaluadoras y le achacó el cobro de "tres pesos a cada persona que recibía planes sociales en el barrio Santa Lucía".
La funcionaria nacional puso de inmediato a inspectores de la Agencia de Empleo a recorrer las zonas de protesta con el fin de corroborar estas denuncias. Pero no hizo falta, la propia directora de la escuela ubicada en ese barrio confesó en declaraciones a LT2 la existencia de este modus operandi.
"Los movimientos de desocupados en su mayoría tienen sistemas de puntaje decididos por asamblea por los mismos integrantes de estas agrupaciones", confesó Méndez, mientras participaba ayer del piquete montado en Oroño y Batlle y Ordóñez.
El "piquetómetro"
La docente justificó la aplicación del piquetómetro, al señalar que "son criterios de selección que se ven obligados a tomar en relación a que la cantidad de los planes de trabajo es inferior a las necesidades de la gente" y agregó: "Mas allá del puntaje, establecer este criterio es más justo que la posibilidad de que un puntero político o una persona ajena al barrio elija a dedo quién trabaja y quién no".
Para Méndez, cada beneficiario de un plan "debe tener interés en mantener y luchar, porque la experiencia ha demostrado que quienes han accedido a un plan por un favor político lo hicieron sin ningún esfuerzo".
Pero hubo más. Méndez comparó los 120 pesos que un beneficiario cobra mensualmente por un plan laboral con la selección de personal que se realiza en el complejo mundo del trabajo. "Vivimos en una sociedad donde todo se gana por mérito. Cuando una persona dueña de una empresa tiene una vacante le va a dar el puesto no a la que tiene más hijos, sino a la persona más apta para desempeñar el cargo", ejemplificó. Y acotó: "Esta asistencia social está disfrazada, porque en los hechos se debe cumplir horario y rendir cuentas por las inasistencias".
La directora de la Escuela particular Nº1218 es conocida por todos en la zona de 27 de Febrero y Circunvalación por haber cosechado una dilatada trayectoria en materia de luchas sociales.
Hace unos tres años comandó una resistencia vecinal contra el traslado del barrio ubicado donde actualmente comienza la autopista a Córdoba. Sin embargo, meses después de las protestas los vecinos fueron reubicados en viviendas a estrenar construidas por la provincia.
Quizás por su alto perfil en materia de reclamos sufrió intimidaciones, que ella misma denunció en los Tribunales provinciales adjudicándoselas a sectores relacionados a las fuerzas de seguridad.
Actualmente está vinculada a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y participó de varios cortes de calle, reclamando planes de trabajo y ayuda social para los vecinos del barrio.
Aquino, una madre sostén de familia de 42 años, señaló a Méndez como la artífice de las coacciones a los beneficiarios de planes sociales en el barrio Santa Lucía. Pero la directora se defendió: "Ella me pidió ayuda porque desde la escuela proveemos proyectos sociales para las mujeres del barrio, pero ya tenía un plan otorgado por la organización Amas de Casa del País, al cual había registrado inasistencias injustificadas. Actualmente conserva su beneficio, pese a no concurrir a las asambleas".
La Gerencia de Empleo local, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, confirmó que la escuela particular Nº1.218 maneja 33 planes de emergencia laboral (PEL) de 120 pesos, mientras que Amas de Casa del País posee 218.
La Ciudad
