Pablo R. Procopio
El puntapié inicial para la creación de un Registro Municipal de Deudores Alimentarios Morosos fue dado ayer cuando se realizó una audiencia pública con el objetivo de debatir la iniciativa que se sustancia en el Concejo Municipal. El leit motiv del futuro proyecto de ordenanza se basa en el deber de ambos padres de mantener a sus hijos y en la realidad que demuestra que esto no siempre se cumple cuando los lazos matrimoniales se quiebran. De aprobarse esta propuesta, el listado podrá ser consultado públicamente y sus integrantes no podrán concretar trámites municipales y sufrirán inhabilitaciones.
"Esto está orientado a aquellos (hombres o mujeres) que intentan eludir las normas por voluntad propia, no demuestran fehacientemente sus ingresos y hasta, en algunos casos, colocan propiedades a nombre de terceros", dijo la concejala que pergeñó la audiencia, la frepasista Susana Bartolomé. En esa sintonía, hubo respaldo absoluto de los asistentes, orientado a que se logre ejercer una "sanción moral".
Representantes de entidades no gubernamentales que analizan la problemática de quienes se lavan las manos a la hora de cumplir con sus hijos, además de concejales, gremialistas, jueces y funcionarios de los gobiernos municipal, provincial y nacional, como la presidenta del Consejo de la Mujer, Carmen Storani, participaron de la reunión. Allí, se expusieron cuestiones específicas que servirán para la redacción final del proyecto. Los actores involucrados expusieron ayer sus dudas y sus certezas en el cónclave público por lo que ahora la comisión de Gobierno del Concejo, se dedicará a la redacción definitiva.
No obstante, en esencia se trata de crear un registro municipal de deudores alimentarios que sirva para sancionarlos "moral y socialmente", advirtió Bartolomé. La iniciativa contempla transformar el listado en una herramienta de acción positiva que le sirva a los tribunales de familia. "La Justicia, antes de enviar a alguien a la cárcel podrá contar con una situación intermedia que lo impida, actuando como elemento de presión", agregó la legisladora local.
La propuesta contempla aparte del escrache, no otorgar las licencias de todo tipo (de conducir o de servicios públicos), habilitaciones, trasnferencias de comercios o inmuebles, aparte de la presentación de planos para hacer reformas edilicias.
El registro ya funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, San Luis, Chaco, Misiones, Chubut, Tucumán y Mendoza.
Según estadísticas nacionales, los hijos de padres separados quedan a cargo de las madres en el 95 por ciento de los casos, y dentro de esa cantidad hay un 70 por ciento de mujeres que recurren a la Justicia para que sus ex esposos les pasen las cuotas alimentarias a los chicos.
Mabel Gabarra, de Indeso Mujer, también se mostró de acuerdo con la creación del registro. En esa institución se reciben "permanentemente consultas por problemas sobre falta de pago de alimentos", dijo. Y agregó que "en todos los casos en los que la Justicia estableció una cuota alimentaria, hay solvencia por parte del deudor. Nunca el monto va a sobrepasar cierto porcentaje de los ingresos del progenitor". En rigor, si realmente no se verifican recursos, la cuota no será fijada o, en todo caso, se establecerá una simbólica.
La dirigente de Indeso insistió con que los inscriptos en el listado no puedan renovar el carné de conductor, no sean convocados como proveedores de la Municipalidad o no puedan integrar listas para cargos electivos. "Evidentemente, estas no son cuestiones para las personas de muy bajos recursos", remarcó antes de expresar que "el derecho alimentario de los menores no es de su intimidad, sino público".
Su idea radica en que el registro se pueda consultar con un determinado interés y no de manera masiva. Es cierto que la crisis económica agravó el no pago de la cuota en los últimos tiempos. Y, aunque parezca increíble, muchos papás piensan que el dinero de la alimentación es usado por la mamá y no se destina a los chicos.
| |
La Ciudad
