El gobierno nacional encomendó a los servicios jurídicos de los ministerios de Economía, de Infraestructura, y de Trabajo la representación judicial del Estado en las causas ya promovidas o que pudieran promoverse como consecuencia de los cambios introducidos en la ley de administración financiera (24.156), que afectan a gastos, salarios y jubilaciones del sector público.
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La Ciudad
