Un grupo de militares señalados como carapintadas, detenidos en 1995 en el marco de la causa por el atentado a la Amia, comenzará a ser juzgado el miércoles próximo por un tribunal porteño, acusado de asociación ilícita y tenencia y acopio de armas guerra y material explosivo que pertenecían al Ejército. La investigación fue realizada por el juez federal Juan José Galeano, quien ordenó las detenciones luego de detectar un importante faltante de armas en una unidad militar de Campo de Mayo. En realidad, hasta ahora nunca se pudo comprobar que los imputados hayan participado de la voladura a la mutual judía, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas. Pero Jorge Orlando Pacífico, uno de los ex militares que será enjuiciado y que es experto en armamento, tampoco pudo explicar qué hacía durante la mañana del atentado en un bar ubicado en las cercanías de Pasteur y Tucumán, a metros de la sede de la Amia. Esta parte de la investigación también intentó vincularse, aunque sin éxito, con el expediente por la venta ilegal de armas. Es que, si bien no se pudo probar que hubiera una relación con el ataque terrorista, sí quedó establecido que la banda se dedicaba a la venta ilegal de armamento y explosivos. En sucesivos allanamientos, los investigadores encontraron 100 detonadores, 75 granadas, 60 panes de trotyl, 8 panes de explosivo plástico, mechas y cordones de detonación, fusiles, municiones, ropa de combate, credenciales falsas de la Corte Suprema y la Policía Bonaerense, y 35 mil dólares en efectivo.
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La Ciudad
