Los miembros del Consejo de la Magistratura de la provincia inauguraron la semana pasada en Santa Fe un debate que debería concluir en un proyecto para reglamentar su funcionamiento, tal como vienen reclamando desde hace un tiempo algunos de sus integrantes. Hasta el momento circulan dos borradores, uno elaborado por la Subsecretaría de Justicia del gobierno provincial y otro preparado por el Colegio de Abogados de Rosario, aunque en los próximos días el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial sumará un tercer proyecto.
El primer encuentro contó con la presencia unánime de todos los miembros del Consejo, que está integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un representante del gobernador de la provincia, el subsecretario de Justicia, un miembro del Colegio de Magistrados y un representante de los cinco colegios de abogados (Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista), aunque a la reunión de la semana pasada asistió un miembro de cada colegio.
Convocado por el subsecretario de Justicia, Carlos Alberto Carranza, el encuentro tuvo un carácter más bien formal ya que sirvió para conocer "en profundidad" los proyectos de reglamentación en danza. Recién en la próxima reunión, que quedó convocada para el 15 de julio, los miembros del consejo comenzarán a discutir punto por punto los aspectos centrales de lo que debería ser el borrador de un decreto para reglamentar el funcionamiento del organismo.
Al presentar oficialmente el proyecto de la Subsecretaría de Justicia, Carranza dijo que su borrador no tiene grandes diferencias con el del Colegio de Abogados de Rosario, que desde hace un tiempo viene reclamando públicamente la reglamentación del Consejo de la Magistratura.
Entre las exigencias del colegio rosarino, ampliamente difundidas en los últimos tiempos, destacan esencialmente la idea de otorgar carácter de vinculante a las decisiones del organismo, y de establecer un mecanismo de concurso por oposición entre los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial santafesino.
El proyecto oficial contempla, entre otros, los siguientes puntos:
- Multiplicar la difusión de los llamados para cubrir vacantes, para garantizar de que "absolutamente todo el mundo" conozca la convocatoria, los cargos a cubrir, los plazos de inscripción y todos los otros aspectos relacionados con el concurso. El Poder Ejecutivo propone difundir las convocatorias en el Boletín Oficial, en su página web y en las revistas especializadas, y notificar además a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, las cámaras de apelaciones de las cinco circunscripciones judiciales, universidades nacionales y privadas, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Estado, los registros Civil y de la Propiedad, los colegios de profesionales y el Colegio de Magistrados de la provincia.
- Fijar plazos de inscripción variables, de 15 días hábiles para las subrogancias de primera instancia y de 20 para las de segunda instancia, y de 25 días para los cargos definitivos de primera instancia y 30 para los definitivos de segunda instancia.
- Establecer un número mínimo de cinco inscriptos para abrir el mecanismo de selección. En caso de haber menor cantidad de aspirantes, fijar un mecanismo para garantizar la cobertura de la vacante.
- Diseñar un sistema de entrevistas acotado, es decir que no incluya a todos los aspirantes. Aunque el tema aún está en discusión, Carranza es partidario de filtrar la cantidad de entrevistas mediante algún sistema de elección objetiva por puntaje. Para el subsecretario, entrevistar a la totalidad de aspirantes es "desgastante" y lleva mucho tiempo, lo cual retrasa el objetivo de cubrir la vacante cuanto antes.
- Crear una secretaría permanente del Consejo de la Magistratura ("Una estructura mínima pero operativa", explica Carranza) para que se ocupe de todas las cuestiones administrativas vinculadas con la actividad del organismo.
El subsecretario de Justicia sostiene que se trata de ideas "perfectamente posibles" y que, a diferencia de otras propuestas, consiste en "mejorar el actual sistema, que funciona desde 1990, y no de cambiarlo por otro", para lo cual haría falta una reforma constitucional.
Carranza admite que su obsesión consiste en no repetir la experiencia del Consejo de la Magistratura de la Nación, que lleva varios años de funcionamiento y recién ha conseguido designar a un juez. "En nuestro caso sucede todo lo contrario: en un año y medio cubrimos más de 20 vacantes, y actualmente sólo tenemos 8, que estamos próximos a cubrir. Si hacemos un Consejo de la Magistratura costoso, lento y burocrático, quien se perjudica es la comunidad. El nuestro funciona bien, y lo único que tenemos que hacer es perfeccionarlo", afirma.
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La Ciudad
