Expulsaron a un agente municipal vinculado a la dictadura militar

Atilio Pravisani

El intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez, firmó ayer el decreto por el cual Eduardo Alberto Ramos -el agente municipal al que junto a otros cinco procesados por el juez español Baltasar Garzón se les solicitó la captura internacional por delitos de terrorismo- fue expulsado de la Municipalidad de la capital provincial por su irregular incorporación a la planta permanente de empleados.
Ramos (alias Curro), que se desempeñaba como inspector municipal en la Dirección de Control y Abastecimiento y fue oficial ayudante del Departamento de Informaciones Policiales de la seccional 11 durante el proceso militar y -según sus denunciantes- fue partícipe de graves violaciones a los derechos humanos, quedó fuera del municipio a partir del dictamen del fiscal municipal, Alfredo Palacios, que posteriormente fue refrendado por Alvarez.
Dicho dictamen se fundamenta en los vicios de dicha tramitación y en un incorrecto proceso de incorporación, ya que el estatuto del personal municipal establece con toda claridad que se prohíbe el ingreso de personas que hubieran sido exoneradas previamente en la administración pública.
Sin embargo, y a pesar de haber sido exonerado de la policía en plena dictadura militar y de una condena de la Justicia provincial por corrupción de menores y robo, el intendente municipal Tomás Camilo Berdat, que asumió en diciembre de 1983, lo nombró contratado en la planta del municipio.
El expulsado ex agente policial sostuvo en su descargo que ha debido padecer por denuncias negadas y calificadas de gratuitas como "violador de los derechos humanos" lo que ha llevado a que se procure la manera de su separación del cargo, sin importar las razones para ello, afirmando que ha efectuado el planteo del caso constitucional y acusa de violatorios a los principios del Pacto de San José de Costa Rica.
Ramos ingresó en la administración municipal en calidad de "no permanente contratado", categoría 11, en la Dirección del Tribunal de Faltas el 4 de junio de 1985, mientras que en octubre del mismo año se lo designó en la función de asistente administrativo con categoría 15 en esa misma repartición. Posteriormente en 1987 se lo nombró en calidad de permanente con la misma categoría, pero en la ex Dirección de Inspección y Abastecimiento y finalmente en 1993, durante el gobierno de Horacio Rosatti, fue designado en la función de inspector categoría 16 en esa misma Dirección, y destacándose que según la Dirección de Personal, "el agente Ramos no ingresó a la administración municipal por concurso, selección o competencia previa".
De acuerdo a las denuncias de ex detenidos y de organismos de derechos humanos, el ahora ex agente municipal formó parte de los grupos de tareas que desarrolló el gobierno militar, y se lo sindica de haber participado en numerosos secuestros y torturas en Santa Fe, razón que tuvo muy en cuenta el juez Baltasar Garzón para procesarlo, junto a otros seis santafesinos, por los delitos de genocidio, terrorismo de estado y torturas.