Casilda. - La empresa que explota el servicio de gas domiciliario en esta ciudad inició una demanda judicial millonaria contra el Estado nacional, el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargás) y la Municipalidad casildense por daños y perjuicios. La Compañía General de Gas reclama un resarcimiento económico de casi 6.500.000 pesos para recuperar el volumen de dinero que, según sus estimaciones, dejará de percibir por haber tenido que readecuar su cuadro tarifario a las exigencias del organismo regulador y tener que resignar una merma en sus ingresos hasta que finalice la concesión en el 2010. Desde el gobierno local dicen que "la Municipalidad no corre riesgo", pero, sin embargo, nadie se atreve a garantizarlo.
La empresa facturaba según valores fijados en un contrato suscripto con el municipio en 1991 pero en octubre de 1996 debió regirse por los precios que ya había fijado el Estado nacional a través de Enargás y que desconoció durante más de tres años. El cambio implicó y seguirá significando para la empresa una menor rentabilidad, razón por la cual se siente afectada y recurrió a la Justicia para conseguir una reparación económica en concepto de lucro cesante.
El juicio fue iniciado en 1998 en los tribunales federales de Rosario pero la actual administración municipal recién tomó conocimiento a mediados de este mes a instancias de una carta documento que envió la concesionaria.
Si bien las gestión actual nunca fue notificada formalmente de la acción judicial que interpuso la Compañía General de Gas, las autoridades salientes habían sido alertados en mayo de 1999. "Cuando recibimos la Intendencia a no nos dejaron ningún antecedente", explicaron desde la Intendencia.
La firma empezó a descontar, a partir de las liquidaciones del mes pasado, el dinero que sobrefacturó a los usuarios durante los primeros años de concesión en los que desconoció el nuevo cuadro tarifario. La firma cobró 419 mil pesos de más entre enero de 1993 y septiembre de 1996 que recién ahora comienza a devolver a sus clientes por exigencia del Enargás.
Recién en octubre de 1996 la concesionaria comenzó a facturar en base a las tarifas establecidas a nivel nacional tras ser intimida por el Enargás, pero su disconformidad aún la mantiene y apela a la Justicia para lograr un resarcimiento económico. Los 6.457.000 pesos que reclama de indemnización abarcan más de trece años que van desde el 1º de abril de 1997 -cuando la Cámara Contenciosa Administrativa falló a favor de la readecuación tarifaria- hasta el 31 de diciembre del 2010, año en que termina la concesión del servicio.
"No somos responsables"
La semana pasada el intendente Eduardo Rosconi y un grupo de colaboradores se reunió con los concejales para evaluar la situación y coincidieron en ratificar que la Municipalidad "no es responsable de los daños que pueda reclamar la empresa".
"La Municipalidad no modificó ningún contrato ni alteró los precios del gas. Los cambios surgieron por medio de una ley del Congreso nacional y una decisión del Enargás, razón por la cual el municipio no es responsable", aseveró Regoli. El funcionario además aseguró que el municipio defenderá esta posición cuando sea citado por la Justicia.
La Ciudad
