Delegados de los presos recluídos en la cárcel de Coronda manifestaron duras críticas contra el funcionamiento del Juzgado de Ejecución Penal de esa unidad al considerar que su titular, Ricardo Bilibio, "hace una interpretación arbitraria y contradictoria de la ley" lo que lleva a que muchos de sus dictámenes sean revocados por la Cámara de Apelaciones. Así lo dice un informe redactado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) tras una reunión que sus representantes mantuvieron con los detenidos de siete pabellones del penal corondino. En el mismo documento se denuncian numerosas violaciones del régimen carcelario que atentan contra los derechos de las personas privadas de su libertad y que alcanzan a los familiares de éstos.
Para los presos "el funcionamiento del Juzgado de Ejecución Penal constituye una verdadera traba que impide el acceso de los internos a los beneficios de la ley 24.660 en cuyo artículo 6 se establece que «el régimen penitenciario se basará en la progresividad, limitando la permanencia del condenado en establecimientos cerrados»". Asimismo, sostienen que la "arbitraria y contradictoria interpretación de la ley" que hace el juez Bilibio, y la "falta de control por parte de la Justicia de los hechos que ocurren en la cárcel llevan a que cientos de hábeas corpus y pedidos de audiencia no tengan respuesta alguna".
Entre las denuncias realizadas por los internos, adquieren relevancia por su gravedad la referida a la progresividad del régimen de detención, sobre la cual "la intervención del Juzgado es prácticamente nula acatando las indicaciones del Servicio Penitenciario Provincial aún cuando la incorporación a los regímenes de libertad transitoria o semilibertad es una decisión del magistrado de Ejecución Penal".
En otro orden, los reclusos manifiestan que Bilibio "no atiende los pedidos de traslados a otras cárceles lo que ocasiona situaciones que afectan los derechos de los condenados en cuanto al acercamiento familiar y algunas gravísimas en cuanto a la seguridad física y psíquica de los presos".
También justifican la presentación de pedidos de hábeas corpus en los juzgados de instrucción de las ciudades de Santa Fe y Rosario "dada la inacción del Juzgado de Ejecución que no sólo no los responde sino que ni siquiera los rechaza". Ante ello los reclusos pidieron que se revisen los libros donde quedan asentados tales pedidos a fin de constatar si los mismos fueron asentados.
Al respecto, los representantes de la CTC consideraron que "esta serie de irregularidades provoca conflictos y situaciones violentas que han puesto en peligro la vida de los mismos reclusos" y sostienen que "es inadmisible que quien debe garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales (en relación a las personas privadas de su libertad) no se acerque a los penales ni los recorra aún en situaciones críticas".
Aislamiento
En otro orden, los presos de la cárcel de Coronda denunciaron ante la CTC que los reclusos de los pabellones 8 y 12 son sometidos a un régimen de aislamiento casi total ya que deben padecer un encierro en sus celdas durante 23 horas diarias, teniendo sólo una hora de recreación dentro del mismo pabellón.
Además, en esos pabellones los presos tienen vedadas entre otras posibilidades las de acceder a los servicios religiosos que le permitan profesar su culto, la de contar con algún tipo de instrucción ya que se les prohíbe acceder a la escuela o a la biblioteca del penal. Todo ello, dice el documento de la CTC "potencia aquellas conductas que se pretenden modificar".
En los pabellones 8 y 12 también se denuncian "sanciones colectivas permanentes, falta de atención a los reclamos urgentes de los detenidos y la extensión de las condenas a los familiares de los presos que reciben tratos vejatorios cuando concurren a visitarlos".
La Ciudad
