Polémica. "Esta fue una votación política y sé que es cuestionable desde el aspecto jurídico"

Bologna analizó el pedido de renuncia a tres docentes con cargos en el Proceso

El decano de Política admitió que aún revisaron los documentos para avalar la solicitud de juicio académico

Silvina Dezorzi

El pedido de renuncia a tres docentes resuelto el lunes pasado en la Facultad de Ciencia Política invocando "inconducta ética" por haber ocupado cargos públicos durante el Proceso fue calificado como "una toma de decisión política, cuestionable desde un punto de vista jurídico" por el decano de esa casa de estudios, Bruno Bologna. Los tres profesores, Eduardo Sutter Schneider, Norberto Martínez Delfa y Víctor Olguín, concursaron sus cargos en 1987 sin impugnaciones, pero ahora podrán enfrentar además un juicio académico si el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) da crédito a otro pedido de la facultad. Sin embargo, el propio Bologna admite que aún debe estudiarse la documentación presentada por los organismos de derechos humanos para respaldar la solicitud de juicio, pese a que la decisión de exigirles la renuncia ya es un hecho consumado. En lo personal, Bologna se ocupó de señalar que "el solo hecho de ocupar un cargo público en el gobierno militar no puede ser causa de juicio penal o académico, mientras no se constate que se cometió un delito contra los derechos humanos".
-Los tres docentes concursaron ya en democracia sin que se los objetara, aun cuando las causas de impugnación contemplaban la "inconducta ética". ¿Es coherente que ahora se les pida la renuncia y un juicio académico por esa misma razón?
-Hubo algún cuestionamiento entonces, no del tribunal sino de personas ajenas a él, pero no les dieron razón para detener el concurso. Pero eso ocurrió hace muchos años y hoy estamos recabando información.
-¿Piensa que ese concurso pudo haber sido mal hecho?
-No es que haya sido mal hecho, sino que acá hay dos cosas: el aspecto político y el jurídico. Muchas cosas se quieren hacer desde el punto de vista político, pero después, cuando hay que ver los fundamentos jurídicos, a veces fallan porque no son los adecuados. En el caso de estos concursos quizá no estuvieron errados, sino que faltaron elementos de juicio que a veces aparecen con el tiempo.
-La pregunta es si se los juzga por haber ocupado cargos o por haber participado de la represión, porque ¿quién no sabía en el 87 que Sutter Schneider había sido ministro de Educación?
-Ese es un buen criterio. Porque hay que recordar por ejemplo que Natale fue intendente o que Balestra también estuvo implicado. Y para ellos no hay juicio.
-¿Y por qué los mismos partidos representados en la UNR que votan el pedido de juicio no aplican ese criterio para sus actuales funcionarios que antes lo fueron de la dictadura?
-Exacto. Y sería coherente que la ley fuera uniforme para todos. El solo hecho de ocupar un cargo público en el gobierno militar no puede ser causa de juicio penal o académico, mientras no se constate que la persona cometió un delito por ejemplo contra los derechos humanos.
-¿Pero usted participó de la reunión de consejo que aprobó el pedido de renuncia y de juicio académico?
-No voté, el decano vota para desempatar. Y el consejo votó por unanimidad.
-Algunos dijeron haberse sentido presionados para votar. ¿Hubo presión?
-Referido concretamente a mí no. De los otros consejeros no puedo decirlo.
-Eduardo Tognoli, de Hijos, dijo que fue un triunfo del estudiantado, y no de los partidos ni organismos de derechos humanos. ¿Qué piensa de ese planteo?
-Hay que preguntarle a él. El momento oportuno para impugnar hubiera sido cuando los docentes se presentaron a concurso y no ahora. Incluso varios de los que participaron de la reunión dijeron que se perdió la oportunidad en la época de los concursos. Eso no quita que con el tiempo aparezcan nuevos elementos.
-¿Y aparecieron?
-Mire, aún no hicimos la resolución sobre eso y hay que ver la totalidad de los elementos. Nosotros pedimos a los organismos de derechos humanos, no sólo a Hijos, que nos acercaran todos los elementos de juicio, pero aún no vimos todo.
-¿Primero toman la decisión y después analizan la documentación?
-Y bueno, está la documentación, pero todavía no se vio.
-¿La documentación no debía ser la base de análisis y argumentación?
-La reunión se citó para pedir la renuncia de esos tres profesores. En ese caso había elementos de juicio para hacerlo, pero los elementos aún no se habían analizado.
-¿Cuándo se entregaron?
-Hubo muchas presentaciones. Lo único que se resolvió allí fue pedirles la renuncia; a la solicitud de juicio académico debemos avalarla, ver los fundamentos y apoyarla con argumentos. Porque no se puede decir "vamos a hacerle juicio político a Fulano" así nomás.
-¿No le parecen invertidos los pasos?
-Depende de los fundamentos que se pongan en la resolución, porque eso va a Asesoría Jurídica de la universidad y después al Consejo Superior. Antes de tomar la determinación de la renuncia, mandamos la documentación y pedimos un dictamen a la Asesoría, que dijo que no correspondía la renuncia, que lo único que se podía hacer era juicio académico. Entonces, una cosa es la votación, y otra la fundamentación y la resolución que hay que hacer para ver si están todos los datos necesarios para eso. Es más o menos como lo que dijo Fidel Castro sobre (la detención en Inglaterra de) Pinochet: que estaba de acuerdo con la cuestión política, pero no con la jurídica. El ejemplo es bueno porque acá también hay dos andariveles: el nivel político y el jurídico.
-¿No sería razonable que estuvieran lo más próximos posible?
-No, para nada, porque hay cuestiones políticas que no son justiciables. No tienen por qué coincidir. Se puede dar un hecho político y no tener fundamentos jurídicos. La denuncia de Cafiero sobre el Senado fue un hecho político, porque cuando fue a la Justicia el tema quedó a contrapelo. El ejemplo sirve porque esta fue más una votación más política que jurídica: tiene más argumentos políticos.
-¿Usted fue docente en la dictadura?
-Fui profesor, sí, pero no se deben confundir los puestos docentes con los cargos públicos. Porque si no, los 542 docentes universitarios que estuvimos en el Proceso estaríamos... Durante el Proceso hubo profesores que dieron clase en todos lados, pero lo que se cuestiona acá es a personas que ocuparon cargos públicos. Lo otro es si desde ahí se cometieron atrocidades, genocidios o tortura. Son tres cosas distintas.
-¿Natale o Mariano Grondona no deberían enseñar en la universidad?
-No soy juez para decirlo. Conozco mi posición, la tengo tomada. Pero si Natale o Grondona pueden estar dando clases es algo que debe decidir la Justicia.
-En lo personal, ¿está satisfecho con la decisión tomada por el consejo?
-Repito. Es una toma de posición política, pero sé que desde un punto de vista jurídico es cuestionable.

Bologna no se olvidó de los funcionarios procesistas.