Año CXXXIV
 Nº 49.102
Rosario,
domingo  29 de
abril de 2001
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Piden cambios en la ley indígena aprobada por el Senado mexicano

Nelson Keiman

Ciudad de México. - La protesta contra la ley de Derechos y Cultura Indígena aprobada por el Senado de México creció en las últimas horas hasta el grado que miembros de organismos que dependen de la presidencia mexicana han pedido que se modifique. Al mismo tiempo, académicos, diversas organizaciones sociales e indígenas independientes y otras cercanas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sostienen que la iniciativa recortó el espíritu original del texto que se envió al Senado y que fue producto de un acuerdo con los zapatistas.
El texto original, que el Senado modificó, recogía el espíritu del acuerdo pactado en febrero de 1996 por el EZLN y el gobierno en la mesa de diálogo instalada en San Andrés Larráinzar, comunidad del suroriental estado de Chiapas.
Desde el sector oficial, la redacción del Senado fue criticada por el director del Instituto Nacional Indigenista (INI), Marcos Matías y por la responsable de la Oficina presidencial para asuntos indígenas, Xochitl Gálvez. Por otra parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI), organismo cercano al EZLN que agrupa a representantes de casi todas las étnias del país, anunció que si la Cámara de Diputados aprueba la ley tal como la envió el Senado iniciará acciones de protestas en todo el país a partir del 1º de mayo próximo.
Paralelamente, el Consejo Indígena Mexicano (CIM), organismo independiente del EZLN y cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que el texto del Senado "es una provocación" porque no tomó en cuenta los derechos fundamentales demandados por los indígenas. Gálvez sostuvo que de acuerdo con el Senado los pueblos indígenas "no son ni serán todavía sujetos de derechos jurídicos como colectividades" y reconoció que "necesariamente resurgirán los planteamientos sobre el reconocimiento jurídico".
Por su parte, el director del INI, planteó que las modificaciones borraron de la iniciativa que redactó la legislativa y plural Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) los aspectos más importantes. Señaló que fueron ignorados los derechos a la libre determinación, a que los pueblos indígenas tengan acceso colectivo a los recursos naturales que existen en sus territorios y dejó sin reconocimiento jurídico a las comunidades.
Por su parte, académicos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y del Instituto Nacional de Antropología e Historial (INAH), agrupados en el colectivo Científicos Sociales por la Paz con Dignidad, advierten que el que texto aprobado por el Senado no resuelve el problema indígena, sino que lo posterga. El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martí Batres, partido que junto con el del Trabajo (PT) se niegan a apoyar el texto del Senado, indicó que su posición se basa en que "no se trata de aprobar una ley indígena, sino que se trata de aprobar una ley indígena producto de un compromiso de Estado y de un pacto entre dos partes".
Los acuerdos de San Andrés Larráinzar fueron alcanzados luego que el Poder Legislativo votó una ley de Concordia y Pacificación para Chiapas y que formó la Cocopa con legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria.


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