El jefe del departamento municipal de Clínicas y Guarderías, Ricardo Jacobo, aseguró ayer a La Capital que en el transcurso de la semana que viene se realizarán "inspecciones específicas" sobre los 23 geriátricos clausurados por la Municipalidad y, si no se han corregido las irregularidades que presentaban, "se les pedirá su cierre definitivo". Dos de estos establecimientos alojan a afiliados del Pami, que permanecen allí debido a un amparo judicial que presentaron sus propios familiares.
La decisión de intensificar los controles sobre estos establecimientos se produjo después que este diario publicara en la edición de ayer que sólo una de las 23 residencias de ancianos clausuradas por la Municipalidad respetaba la disposición de no alojar a nuevos abuelos mientras permanecen sin habilitación para funcionar.
Sin embargo, la situación no sorprendió a Jacobo. "Hecha la ley, hecha la trampa", indicó después de explicar que cuando los agentes de la Dirección de Registración e Inspección se presentan en estas instituciones "los dueños muestran registros alterados de las personas que tienen alojadas".
"Si hay algún abuelo que fue trasladado o falleció lo reemplazan por un nuevo anciano y, de esta forma, la nómina del total de internos permanece estable. Para los inspectores es imposible controlar esto porque no pueden pedirles el documento a cada uno de los viejitos", señaló el funcionario.
De todas formas, Jacobo anticipó que a partir del lunes se realizarán "inspecciones específicas" con el objetivo de verificar si los titulares de los geriátricos clausurados han superado las anomalías que merecieron la sanción. "Si no han hecho nada se les pedirá una clausura definitiva", adelantó.
Amparo judicial
La subinterventora del departamento de Prestaciones Sociales del Pami, Adriana Restivo, reconoció que dos de los establecimientos que están bajo la lupa de la Municipalidad alojan afiliados a la obra social de los jubilados. Tanto en el residencial Las Glicinas (Pueyrredón 756) como en el Mitre (Mitre 1426) los abuelos permanecen alojados debido a un recurso de amparo presentados por ellos mismos o por su familia.
"Para suscribir los convenios con el Pami se les exige a los titulares de geriátricos las correspondientes habilitaciones de la Municipalidad y de la provincia. Sin embargo estos establecimientos formalizaron su contrato antes de estar clausurados", dijo Restivo, y aclaró que actualmente, en ambas entidades, las internaciones están suspendidas.
No obstante, la presentación de un recurso de amparo les impide mudar a los abuelos. "Normalmente, cuando creemos que el geriátrico está en riesgo prestacional se determina la evacuación inmediata. Pero si existen amparos judiciales, es una cuestión que excede a nuestro gobierno. La Justicia acepta el recurso y la obra social no puede impedirlo, sino que tenemos que seguir sosteniendo la decisión judicial".
En todo el sur de la provincia, el Pami tiene convenios con 52 geriátricos, lo que representa sólo el 40 por ciento de los establecimientos que funcionan en la ciudad.
Cada seis meses, los residenciales que trabajan con la obra social son auditados por equipos interdisciplinarios de profesionales integrados por médicos geriatras, nutricionistas, trabajadores sociales y arquitectos. "Quienes tienen un familiar alojado en un geriátrico por el Pami se pueden quedar tranquilos", aseguró Restivo.
La Ciudad
