La identificación de un desaparecido contradice el informe militar chileno

Luis Rivera figuraba como arrojado al mar en 1975, pero su osamenta fue encontrada en un cuartel del ejército

Santiago. - La confirmación de la identidad de los restos de un detenido desaparecido encontrado en una dependencia del ejército comprometió el informe presentado por la fuerzas armadas chilenas sobre el destino de 200 desaparecidos en el marco de la Mesa de Diálogo. La jueza Amanda Valdovinos confirmó ayer a los familiares del desaparecido sindicalista comunista Juan Luis Rivera Matus la identificación plena de los restos del gremialista, encontrados hace un mes en el interior del cuartel Justo Arteaga del ejército, en la localidad de Colina, a 20 kilómetros de Santiago. El informe militar indicaba que Rivera había sido arrojado al mar.
El cuestionado informe fue entregado por las fuerza armadas al gobierno el 5 de enero, en un acto protocolar que incluyó al presidente Ricardo Lagos. El documento informaba que el sindicalista era uno de los 151 detenidos que fueron lanzados al mar, ríos y lagos. Ese informe señaló que Rivera Matus fue lanzado al mar en San Antonio -a 108 de kilómetros de la capital- tras su detención en 1975. Sus familiares incluso le hicieron un funeral simbólico en ese puerto. El golpe psicológico recibido por los Rivera inquieta a todos aquellos familiares de víctimas que recibieron el informe surgido de la llamada Mesa de Diálogo, una instancia donde militares y abogados de derechos humanos intentaron zanjar el destino de los desaparecidos, como una manera de avanzar en la unidad nacional.
"Lo que estamos enfrentando es la mentira y el engaño de las fuerzas armadas, las mismas que hemos denunciado desde los inicios de nuestra búsqueda", aseguró Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Sin embargo, este caso no es el único que ha resquebrajado la confianza de las víctimas en las instituciones armadas. Tras conocer los datos oficiales, la abogada Carmen Hertz descartó que su esposo, el periodista Carlos Berger, hubiese sido también arrojado al océano Pacífico en el norte del país. Afirmó que su propia investigación apuntaba a que el cuerpo se encontraba enterrado en medio del desierto.
Abogados de derechos humanos han criticado el informe oficial de los militares por considerarlo impreciso y han señalado que existen varios casos de supuestos lanzados al mar que según la investigación judicial no corrieron ese destino. La jueza Valdovinos es uno de los dos jueces especiales que investigan dos fosas donde se encontrarían 49 restos de desaparecidos. El otro magistrado indaga una fosa en una quebrada a 30 kilómetros de esta capital donde se encontraron restos de ocho desaparecidos, dos los cuales han sido identificados como dirigentes comunistas desaparecidos en 1976.
El gobierno ha rechazado que el error en el informe castrense comprometa toda la información entregada. El presidente Ricardo Lagos expresó el martes que es a los tribunales a los que le corresponde determinar la veracidad del informe. Durante el régimen de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 se registraron 1.200 desaparecidos, de los cuales menos de 200 han sido encontrados e identificados.

Descargo del ejército
Fuentes calificadas del ejército -citadas por el vespertino La Segunda- expresaron que "si la información es errada, es algo que debe ponderar y resolver la justicia, pero no se puede enlodar a la institución. El ejército pidió información, la recibió y la entregó".

El monumento a las víctimas de la dictadura en Santiago.