El gobierno presentó ayer el proyecto oficial de la ley de Radiodifusión, que sería enviado esta semana al Congreso de la Nación. El proyecto incluye artículos que restringen la multiplicidad de licencias en radio y televisión, establecen un nuevo esquema para el horario de protección al menor, marcan fuertes sanciones para la actividad ilegal y la interferencia de señales, y fijan la conformación de la Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte) y el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP).
La presentación fue efectuada ayer por el interventor del Comfer, Gustavo López, quien explicó que la iniciativa "tiende a la producción del empleo" al modernizar algunos aspectos establecidos en la ley sancionada por el último gobierno de facto, y regular otros que, hasta el momento, no habían sido reglamentados.
En sus disposiciones generales, se considera a la comunicación "como un bien social necesario para el desarrollo cultural, educativo y económico de la población, y esencial para el adecuado funcionamiento del sistema republicano, representativo, federal y democrático de gobierno".
La nueva ley entiende a la televisión abierta y las estaciones de radio AM y FM como servicio básico y de difusión gratuita, y al cable y la televisión satelital como servicios complementarios de radiodifusión, cuya recepción puede ser onerosa.
A partir de la sanción de la iniciativa, la adjudicación de licencias para radios AM y canales de televisión estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional, a través de un concurso público, abierto y permanente, y se otorgarán por 15 años con una única renovación por otros diez.
Desde ese momento, no sólo personas públicas y privadas podrán adjudicarse señales sino también también sociedades no comerciales como universidades, cooperativas, municipios y organizaciones no gubernamentales.
No podrán ser adjudicatarios legisladores y funcionarios públicos, magistrados ni integrantes de Fuerzas Armadas, ni quienes exploten servicios a través de la Red Pública Nacional.
Asimismo, una misma persona (física o jurídica) no podrá tener más de 24 licencias a nivel nacional total, ni doce de televisión en todo el país, hasta cuatro (entre radio y TV) en una misma área de cobertura, y no podrá sobrepasar el 25 por ciento de las frecuencias adjudicadas en una misma área en el mismo tipo de servicio.
Respecto de las restricciones, los contenidos entre las 6 y las 20 deberán ser aptos para todo público, de 20 a 22 se podrá emitir programas inconvenientes para menores de 13 años, de 22 a 24 prohibidos para menores de 16 años, y de 0 a 6 prohibidos para menores de 18 años.
Serán multados aquellos canales que violen este esquema, los que difundan pornografía (excepto los codificados o los expresamente autorizados) y los que promocionen juego de azar que no cuenten con la autorización correspondiente.
Fuertes sanciones
Habrá fuertes sanciones (que llegarán a la pérdida de licencia en caso de reincidencia) para el que difunda actos pasibles de condenas por conducta dolosa, como el caso del supuesto grupo guerrillero que se entrenaba en montes de Entre Ríos, que difundió su actividad por un canal de cable. Además, el 51 por ciento de la programación de los canales de televisión abierta deberá ser de producción nacional, y deberán tener al menos dos horas diarias de producción propia.
Por otra parte, se tipifica penalmente la interferencia de áreas protegidas adjudicadas a emisoras autorizadas, con penas de entre seis meses y tres años de prisión, y multas a partir de los 20 mil pesos.
La autoridad de aplicación de la ley será la Conarte, organismo autárquico que dependerá del Pode Ejecutivo Nacional, y será conducido por un directorio integrado por un titular designado por el presidente de la Nación.
El Conarte funcionaría con fondos generados a través de gravámenes, publicidad y auspicios televisivos, en tanto que las multas por infracciones a la ley de Protección al Menor irán directamente a las arcas del Tesoro Nacional.
También se creará el Consejo Federal de Radio y Televisión (que se reunirá con representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires) y la Defensoría de los Usuarios de Radio y Televisión.
Asimismo, está prevista la conformación del Sistema Nacional de Medios Públicos, que tendrá a su cargo administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radio y TV, de información periodística, de contenidos y de publicidad del Estado.
La Ciudad
