El día después fue intenso. Mientras el PJ denunció ayer una "persecución política" y el fiscal Carlos Stornelli dejó abierta la posibilidad de requerir que sea citado el ministro de Economía, Domingo Cavallo, por la venta ilegal de armas, el juez federal Jorge Urso comenzó a analizar "paciente y cuidadosamente" el pedido para que el ex presidente Carlos Menem sea llamado a declarar como supuesto jefe de una banda que desvió material bélico a Ecuador y Croacia. La cuestión paralizó al Congreso nacional, que ayer postergó el tratamiento de la ampliación de la ley de convertibilidad.
La tranquilidad con la que Urso promete actuar se contrapone con la urgencia con la que se movió el PJ para cerrar filas en torno a Menem y defenderlo de las sospechas en su contra. En medio del hermetismo que mantuvo el ex jefe del Estado, los principales referentes de la anterior administración denunciaron "una persecución política" fogoneada desde la Alianza. Hoy, gobernadores, legisladores y dirigentes peronistas se reunirán para analizar la situación en el Salón Azul del Congreso nacional. (ver página 11).
"No hay aquí ninguna acción, ni intención ni propósito por parte del gobierno", contestó el presidente Fernando de la Rúa desde la Casa Rosada, aunque admitió que "es grave" que Menem sea comprometido por la Justicia (ver aparte).
Sin embargo, desde el justicialismo se insistió en criticar a Stornelli, quien el martes le pidió a Urso la indagatoria de Menem, junto con las del ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el ex jefe del Ejército Martín Balza, por un delito que no permite la excarcelación, ya que la pena mínima para jefe u organizador de asociaciones ilícitas -las figuras señaladas por el fiscal para los tres casos- es de cinco años de prisión.
Ayer, Stornelli dijo que "tal vez" las declaraciones disparadas desde el PJ "sean presiones públicas para intentar torcer la decisión del juez". Y sobre la medianoche añadió que si Urso rechazaba su pedido apelaría de inmediato.
Con la presión extra de las palabras del fiscal, Urso advirtió que "de ninguna manera" se siente intimidado. "Siento una responsabilidad muy importante, y la quiero tomar con la mayor libertad y mayor amplitud", enfatizó.
Además, aseguró que será "el Derecho" el que determinará si es posible que Menem sea llamado a declarar. Y explicó que como el Código de Procedimientos no le impone tiempos para resolver la cuestión, "yo tampoco me puse plazos" para resolver una cuestión que implicaría encarcelar al ex jefe del Estado, según admitió el propio magistrado.
Menem fue considerado por Stornelli como el líder de una asociación ilícita que vendió armas y falsificó decretos para desviar el verdadero destino de los pertrechos. Si el juez acepta esa solicitud, el ex presidente quedaría detenido hasta que se resuelva su situación procesal, ya que el delito por el que está siendo convocado tiene una pena mínima de cinco años de cárcel y, por lo tanto, no es excarcelable.
En la misma situación quedarían también Erman González y Balza, ya que (aunque fueron sindicados como organizadores de la maniobra) el Código Penal no hace diferenciaciones en la pena prevista para los que lideraron una banda.
Uno de los problemas que trata de resolver ahora el ex presidente y su entorno es la designación de un abogado defensor. Hasta ayer lo asesoró Mariano Cúneo Libarona, quien patrocina a Emir Yoma, el ex cuñado de Menem que está preso desde el 7 de abril pasado y fue procesado como organizador de la asociación ilícita. Por ese motivo, el letrado ya aclaró públicamente que no se haría cargo de la representación legal del ex mandatario, pese a que existieron charlas en ese sentido.
El ex procurador general de la Nación y embajador en Grecia Oscar Roger -abogado penalista cordobés- vio con buenos ojos la posibilidad de patrocinar a Menem, pero no habló en concreto de haber recibido un ofrecimiento.
Paralelamente, los ultramenemistas analizaron detalladamente quién podría encargarse de la defensa del ex presidente ante las acusaciones de Stornelli, quien dejó abierta la posibilidad de reclamar la convocatoria de Cavallo. Es que la firma del actual titular del Palacio de Hacienda también aparece en los decretos que sirvieron para que se llevara adelante la venta de armas.
El abogado Ricardo Monner Sans, quien denunció el caso ante la Justicia, advirtió: "No veo ninguna razón para que no se lo cite. Pero, ¿por qué no se convoca a Cavallo? Porque nos quedaríamos sin ministro de Economía".
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La Ciudad
