El dirigente sostuvo que la ley de concesionamiento contiene errores severos

Joaquín: "La forma en que se está privatizando la EPE perjudica a la ciudad"

El justicialista criticó el silencio de Binner

El dirigente justicialista Alberto Joaquín se manifestó, en una entrevista con La Capital, a favor de la privatización de la EPE, pero advirtió que "hay que hacerla bien". Dijo que "las sucesivas postergaciones a la fecha de licitación es responsabilidad de quienes redactaron la ley, de quienes la aprobaron y de la conducción del proceso". Asimismo, sostuvo que el precio de venta puede ser sustancialmente menor a lo previsto por los funcionarios y que los errores de la ley 11.727, que define la concesión del servicio, "complicarán" la relación con el futuro comprador. Señaló además que es "inexplicable" el silencio del intendente Hermes Binner ante "una privatización que perjudicará a la ciudad".
-Las recientes declaraciones del gobernador parecen indicar que la privatización de la EPE se está complicando...
-Mire, yo estoy de acuerdo con la decisión de privatizar del gobernador, pero hay que hacerlo bien. Reutemann está mal asesorado por quienes conducen el proceso. La ley 11.727 tiene errores conceptuales muy severos que han dificultado el trámite de venta. Además, se manejaron cifras imprudentemente y se crearon expectativas muy altas que no se van a poder cumplir.
-¿Qué es lo que determina el valor de la empresa?
-En general el cuadro tarifario, el marco regulatorio, el nivel de calidad del servicio exigido y el estado general de la empresa. Ante la igualdad de condiciones de las tres últimos puntos, las tarifas son las que indicarán al inversor el nivel de rentabilidad resultante y, por lo tanto, cuanto está dispuesto a pagar. A tarifas más altas se paga más, pero se perjudica al usuario.
-Pero el cuadro tarifario prevé rebajas significativas...
-Las tarifas seguirán siendo caras, por encima de las de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Esto es así porque previamente las tarifas domiciliarias fueron aumentadas a su nivel actual que es uno de los más altos del país y sobre ese nivel se realiza el descuento. Las rebajas serán importantes porque previamente se las llevó a niveles astronómicos. Los sectores de alto consumo tendrán grandes descuentos y los más humildes, inferior a lo prometido. Pero siempre se pagará más que en Lanús o San Isidro.
-¿Esto llevaría a lograr un buen precio por la venta?
-La ley tiene una clara filosofía recaudatoria en desmedro de los usuarios. Si las tarifas se hubieran llevado al nivel de Edenor y Edesur la cifra a recaudar no hubiera llegado a los niveles que le prometieron al gobernador.
-Se habló de recaudar entre 700 y 800 millones de pesos...
-Sí, he escuchado eso y aún más. Porque se basaron en ventas que hicieron otras provincias a precios inexplicables visto desde el negocio de la venta de energía eléctrica. Recientemente Electricité de France (EDF) negoció la compra del 51,8% de Edenor en 786 Millones y hoy está renegociando esa cifra. Traspolando a Santa Fe, la empresa valdría una cifra sustancialmente menor a la prevista.
-El gobernador hizo una dura crítica al gremio de Luz y Fuerza por las trabas que ponen a la ley...
-Este problema se origina en el artículo que prevé la propiedad participada. La condición de dar ésta a cambio de la suspensión de los juicios es un error. Si la provincia tiene razón, para qué poner la condición y si no la tiene es una extorsión. Los legisladores nunca debieron votar este artículo. Pero hay otros errores.
-¿Por ejemplo?
-Las tarifas han sido incluidas en la ley, con una serie de rebajas sobre el monto total de la facturación de 1999, incluyendo el precio mayorista que es independiente de la voluntad de la provincia y evoluciona según el precio del mercado de generación.
-Las tarifas dependerían de un valor que la provincia no controla...
-Exacto. Y esto será fuente de innumerables problemas con el concesionario, que serán agravados por la redacción de los artículos 39 y 40 de la ley. El cuadro tarifario podrá ser modificado permanentemente. La rebaja debió hacerse sobre el valor agregado de distribución que es lo que la provincia puede regular. El error es muy severo. Hoy esta ocurriendo que el precio mayorista aumentó desde 1999 casi el 50 por ciento y esto por supuesto desactualizó el cuadro tarifario de la empresa y, por lo tanto, perdió rentabilidad.
-¿Cómo se soluciona?
-Quizás podría resolverse a través de la reglamentación rápida de la ley estableciendo los porcentajes de rebaja sobre el valor agregado de distribución y de esta forma no dejar debilitada la posición reguladora de la provincia ante el concesionario. Ya bastante grave es la conformación del ente regulador como para dejarle problemas.
-¿Cómo es esto?
-La ley prevé un organismo regulador integrado sólo por profesionales de la especialidad. Es un grave error. No hay proporción entre la capacidad de presión de la empresa concesionaria (cualquiera sea ella) y los futuros integrantes del ente. La provincia y las municipalidades debieron participar en el mismo. El silencio del intendente Binner en este tema es inexplicable, así como no denunciar el error de privatizar en una única zona.
-¿Cuál es el error?
-Perjudica a la ciudad y a los usuarios. Segba se privatizó en tres zonas y la provincia de Buenos Aires también. Esto permite comparar empresas en calidad de servicio y tarifas. Se ha elegido una sola zona, cometiendo el mismo y grosero error que con la privatización de la Dipos. Esto se hace así para que no quede explícito el subsidio que la zona sur paga a la norte. Como en otros rubros la ciudad saldrá perjudicada ante el silencio cómplice del intendente.
-¿Cómo influencia en los inversores las sucesivas postergaciones de la licitación?
-Se lo ve mal. Pero esto es responsabilidad de quienes elaboraron la ley, de quienes la aprobaron y de la conducción del proceso. Tanto la fiscal de Estado como la Justicia han actuado correctamente. La extensión del plazo de la licitación no es responsabilidad de ellos, sino de quienes han cometido los errores.
-Pero se perjudicó el proceso...
-El perjuicio más grande va a ser a nivel del servicio eléctrico actual. Hay una ley no escrita que indica que a partir de la aprobación de la privatización el servicio tiende a deteriorarse. Esto está muy probado y Santa Fe no va a ser la excepción. Cada día que pasa, empeorará la situación. Y, por supuesto, la empresa se irá desvalorizando.

"La filosofía recaudatoria va en contra de los usuarios".