Javier Felcaro
La secretaria de Promoción Comunitaria, Roxana Latorre, confirmó ayer a La Capital que Santa Fe reclamará a la Nación unos 25 mil subsidios para jefes/as de hogar desocupados. La funcionaria, quien participó de una reunión en el Ministerio de Trabajo, adelantó que posiblemente el 60 por ciento de los beneficios se destinaría a Rosario, mientras que el 40 restante le correspondería a la capital provincial. De todos modos, la distribución deberá contemplar las necesidades que presentan otras ciudades del interior santafesino.
El gobierno nacional comenzó a delinear los alcances de la implementación del subsidio, denominado "ingreso social", que será otorgado a los jefes/as de familia desocupados en estado de extrema pobreza. El beneficio tendrá "carácter federal" y, previo acuerdo con las provincias, se efectivizaría a partir del 1º de julio próximo.
Si bien el monto todavía no fue fijado, lo cierto es que la iniciativa apunta a cubrir a los sectores de extrema pobreza del país. En principio, alcanzará a 206 mil jefes/as de familia, que supone un total de 337 mil hijos menores de 15 años.
El anuncio fue realizado por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y su par de Salud, Héctor Lombardo -a cargo interinamente de Desarrollo Social-, en una conferencia de prensa que ofrecieron en la sede de la cartera laboral. El encuentro contó con la presencia de representantes de varias provincias, entre ellas Santa Fe.
Días atrás, Bullrich había adelantado que el proyecto oficial apuntaba a un subsidio de 160 pesos para todos los jefes de hogar desocupados y un salario de 20 pesos por cada hijo.
Consultada por este diario, Latorre aclaró que, pese a no haberse definido el monto del beneficio, "Santa Fe se encuentra entre las provincias que prefieren llegar a una mayor cantidad de familias con una suma más baja".
De todos modos, el 19 de abril se reunirán los consejos federales de Trabajo y de Desarrollo Social para decidir, entre otros puntos, si el monto del subsidio será igualitario en todo el país o si habrá propuestas alternativas por parte de las provincias.
"El planteo de Santa Fe incluye un piso de 25 mil familias, pero antes será necesaria una discusión regional", anticipó la titular de Promoción Comunitaria.
En ese sentido, la funcionaria calculó que Rosario estaría en condiciones de recibir el 60 por ciento del beneficio, mientras que el 40 restante se destinaría a la ciudad de Santa Fe. De todos modos, aclaró que resta analizar la situación por la que atraviesan otras ciudades de la provincia.
Además, hizo hincapié en la necesidad de que el listado de futuros receptores de los subsidios se confeccione en base al registro único de beneficiarios de ayuda social.
Luego de ratificar su respaldo a la iniciativa fogoneada desde la Casa Rosada, Latorre advirtió que la Nación "nos adeuda las cuotas de enero, febrero y marzo pasados, de alrededor de 1.600.000 pesos cada una, destinadas a planes sociales de acuerdo al artículo 16 del compromiso federal, que hoy es ley".
Por su parte, Bullrich explicó que "hemos trabajado para que esto se transforme en un compromiso federal y social entre el gobierno nacional, las provincias y las centrales de trabajadores".
En esa línea, la ministra aseguró que el otorgamiento del subsidio "en principio va a tener cierta flexibilidad" en base a las distintas realidades de las provincias.
Tras indicar que "un decreto del presidente (Fernando de la Rúa) será el marco jurídico" mediante el cual se implementará el "ingreso social", la funcionaria resaltó la importancia de establecer un mecanismo "absolutamente transparente" para tal fin.
A su turno, Lombardo aclaró que "los jefes o jefas de hogar desocupados que tengan a su cargo la mantención de uno o más hijos menores a los 15 años serán los que podrán ingresar al plan, que procura integrar recursos provenientes de la Nación a las provincias y los municipios".
Por último, Bullrich dijo que los planes Trabajar, que dependen de la Secretaría de Empleo, "irán desapareciendo a medida que se empiece a poner en marcha el proyecto, en una curva gradual de integración".
La iniciativa cuenta con el aval de las dos CGT -disidente y oficial-, cuyos apoderados también participaron de las primeras discusiones tendientes a lograr consenso para su implementación (ver aparte).
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La Ciudad
