Editorial

Coimas: hora de actuar

E l extenso informe sobre sobornos en la noche rosarina publicado por La Capital el pasado domingo no hizo más que reavivar una hoguera que hace largo tiempo se hallaba encendida. Ocurre que, en rigor a la verdad, lo más grave de este de por sí grave asunto es que cada uno de los detalles novedosos que en torno suyo surgen parece remitir a un todo demasiado conocido y, por esa misma razón, peligrosamente omitido -e incluso tolerado- hasta el hartazgo.
Las denuncias que obran en sede judicial involucran a personal jerárquico de la Municipalidad rosarina, pero los testimonios que recogió este diario invariablemente desembocan en una acusación concreta contra la policía, a la cual se le imputa el cobro a los locales nocturnos de una suerte de "protección", cuyo pago se erige en una condición sine qua non para su ulterior existencia.
Una de las primeras respuestas que desde ámbitos oficiales se recogió en relación con estas revelaciones (que si bien golpean, en realidad no sorprenden) fue la manifestación hecha por el ministro de Gobierno santafesino, Angel Baltuzzi, acerca de la supuesta inefectividad que estas denuncias traen aparejada, como consecuencia del anonimato en el que permanecen aquellos que las realizan. Casi de sentido común resulta observar que los medios de comunicación no pueden, en un tema tan delicado, exigir a las fuentes la revelación pública de su identidad, sobre todo cuando se trata de integrantes de la misma fuerza cuyo accionar es puesto en la picota. Resulta, en contrapartida, inevitable acotar que sí constituye una imprescriptible obligación de las autoridades el profundizar sobre las investigaciones del periodismo. A tal fin, se vuelve cuanto menos dudosa la efectividad de los dichos de Baltuzzi en relación con la deseable aclaración de tan oscura trama. Sucede que, según se sabe, matar al mensajero no constituye un primer paso afortunado si lo que se intenta es resolver el problema que aquél (solamente) transmite.
Una aclaración, sin embargo, resulta imprescindible a fin de mantener el equilibrio sobre tan delgada e inestable cuerda. Sucede que en ningún momento se pone en duda la integridad de las instituciones: lo que se cuestiona son actitudes individuales, y no comportamientos corporativos. Claro que a la vez conviene recordar que en casos como el presente vacilar se convierte, más que nunca, en pecado: se debe proceder con celeridad y transparencia. La sociedad reclama resultados. Y espera que esta vez alguien apague el fuego que se deduce de la presencia de tanto humo.