La causa por la amenaza con un libro bomba a Bruera volvió al fuero federal

Para la Corte Suprema, el juez Carrillo debe seguir investigando la grave intimidación a la abogada

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la causa abierta por la grave amenaza con un libro bomba sin detonador que sufrió la abogada rosarina Matilde Bruera continúe en manos del fuero federal.
En ese sentido, el juez federal Nº 3 de Rosario, Carlos Carrillo, remitió un oficio (con fecha del 27 de marzo de 2001) a su par de Instrucción Juan José Pazos, solicitando el envío del expediente y los efectos secuestrados durante la investigación.
Lo cierto es que la resolución del máximo tribunal implica una respuesta satisfactoria al planteo de incompetencia efectuado el año pasado por el propio Pazos.
Por entonces, el magistrado había justificado su decisión en que el explosivo utilizado para cometer la intimidación (ocurrida el 20 de julio de 2000) no está disponible en el mercado civil y sólo es usado por el Ejército. Por lo tanto, según argumentó el juez, la tenencia de este material es considerada un delito federal.
Además, Pazos estimó que la investigación debía pasar al juzgado a cargo de Carrillo, porque estaba de turno cuando la abogada de la Apdh, patrocinante de numerosas presentaciones por la verdad histórica, fue amenazada de muerte.
El juez basó sus argumentos en dos informes técnicos: el primero, elaborado por la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II, y el otro por los expertos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), que coincidieron en que el libro ahuecado contenía TNT.

Expediente viajero
Una vez que llegó al despacho de Carrillo, el expediente fue derivado al fiscal Ricardo Vázquez. Poco después, éste determinó la incompetencia del fuero federal.
Carrillo se basó en el dictamen de Vázquez y, tras considerar que los dos delitos que se investigan -tenencia de armas y amenazas calificadas- carecían del "interés nacional" que justificara su competencia, la causa regresó a los Tribunales provinciales.
Pazos ratificó la decisión adoptada el 3 de agosto pasado, por lo que la cuestión debió ser dirimida por la Corte Suprema.
De todos modos, el magistrado siguió a cargo de las actuaciones hasta la reciente definición del alto tribunal de la Nación.