Cuando las causas nobles y los principios éticos y morales se levantan como estandartes sostenidos por la infamia de los intereses de cualquier tipo, la Justicia se transforma en una entelequia y la verdad no es más que una peligrosa mentira disfrazada. Muchos pensamientos, palabras y acciones en el devenir argentino están plagados de ejemplos de cómo los buenos propósitos y las esperanzas de la gente se usaron más de una vez para convencer a la voluntad popular o instalar en la conciencia social tal o cual pensamiento.
No tendría demasiado sentido repasar expresiones y acciones de gobierno, basta con que el lector observe la actual situación del país y la compare con las innúmeras promesas y declaraciones de candidatos y gobernantes. Lo preocupante es que después de dieciocho años de democracia se sigan pergeñando operaciones políticas.
En los últimos días, políticos, gobernantes, legisladores y hasta la misma prensa descubrieron que en el país hay lavado de dinero, y que existen entidades financieras que posibilitan tal operatoria. Es curioso que recién hoy algunos legisladores, como Carrió y Gutiérrez, se hayan avispado de que en Argentina, supuestamente, se blanquea dinero, como ocurre en casi todo el mundo, incluyendo EEUU.
No menos curioso es que las sospechas se centren apenas en dos personas. Como al ciudadano argentino, que maduró al compás de la hipocresía política que prometió cambios que nunca llegaron y que conoce ya algunos términos como "operaciones de prensa", no se lo engaña tal fácilmente, no es extraño que esto del lavado suene a operación política. La sabiduría popular, esta vez encarnada en un taxista, sentenció sin dudar: "Detrás de esto hay otra cosa. ¿Recién ahora se dieron cuenta de que hay blanqueo?".
Pero también el senador estadounidense Carl Levin parece comenzar a sospechar de que fue víctima de una suerte de picardía criolla y lamentó que en Argentina el tema se haya politizado. Es más, en una respuesta a la abogada del Citibank, Jane Sherburne, quien le preguntó si él había dicho a un diario argentino que los casos de nuestro país constituían una de las operaciones más importantes que había tenido en sus manos, Levin le respondió que no sólo no había dicho eso, sino que su par Susan Collins se encargó de explicar que "nunca hablaban de lavado de dinero". La cierta inocencia y pulcritud política que caracteriza al sistema anglosajón parece haber sido utilizada aquí con fines distintos a los de Levin: corregir el sistema bancario americano.
Pero lo más preocupante aquí no es la politización del tema en el ámbito partidario, de los poderes Ejecutivo y Legislativo y en ciertos sectores de la prensa, a la que el ciudadano está acostumbrado, sino en las esferas de ciertos organismos vinculados con el destino de la Justicia, como el Consejo de la Magistratura.
En efecto, el miércoles pasado el plenario del Consejo debía votar si sometía a juicio político al juez federal de Mendoza Luis Leiva, acusado de graves irregularidades en el ejercicio de su función, entre ellas un presunto contrabando de maletines. Sorprendentemente, el plenario de veinte consejeros, entre ellos abogados, académicos y legisladores radicales y peronistas, decidió enviar las actuaciones nuevamente a la Comisión de Acusación, en espera de nuevas pruebas. ¿Por qué? Según algunos consejeros, el asunto de Leiva también se había politizado porque uno de los cuestionadores del juez es Raúl Moneta.
Antecedente nocivo
Para el Consejo, órgano encargado de designar y remover jueces, esto constituye un antecedente nocivo y lamentable. Significa lapidar el más importante de los principios jurídicos penales si la decisión de someter o no a juicio a una persona, en este caso un juez de la Nación, debe depender de los antecedentes y circunstancias del denunciante o de quien está vinculado a éste. Afortunadamente, varios consejeros, como Eduardo Orio, Angel Garrote y el senador Horacio Usandizaga, se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el virus de la politización infecte también al Consejo. "Sería lamentable", sentenció Usandizaga.
La permanencia de Leiva en su cargo parece insostenible, y lo será aún más si en los próximos días, como se espera, la Corte Suprema pide a la Justicia penal que investigue a Leiva por el presunto delito de contrabando. Y esto, muy a pesar de Carrió y Gutiérrez y de otros legisladores radicales, quienes desean postergar el juicio a Leiva sólo porque enfrente está Moneta.
Sobre el contrabando de maletines desde Chile por parte de Leiva, la Comisión de Acusación señaló que los testimonios del juez fueron "ambiguos y plagados de suposiciones. No existe en los argumentos planteados por el denunciado ninguna constancia que abone la regularidad del trámite de ingreso de los maletines". Pero sobre Leiva pesan otras acusaciones tanto o más graves: retención de causas en forma arbitraria, ordenar capturas sobre la base de expedientes armados para ese propósito, procesamientos "ignorando las circunstancias del expediente" y trato discriminatorio a personas sometidas a proceso.
La Comisión de Acusación señaló en las conclusiones del dictamen que "el desajustado comportamiento demuestra que Leiva no está en condiciones de ejercer la magistratura". Sin embargo, un nuevo horizonte parece abrirse en la vida jurídica argentina: la permanencia en los cargos de los jueces no depende de la nobleza de sus actos, sino de las necesidades políticas. Por el bien de la Justicia, es de esperar que esto no se concrete.
La Ciudad
