La mediería echa raíces entre las frutas y verduras

El gobierno aprobó el contrato que regula las relaciones laborales en la actividad frutihortícola

El gobierno aprobó la regulación específica del Contrato de Mediería Frutihortícola (CMF) mediante el cual se da un marco legal a la relación que se establece entre un productor y un mediero para la producción de una explotación de un predio rural.
El decreto 145/01 establece que "el contrato de mediería frutihortícola deberá celebrarse por escrito, dentro de los 90 días de la fecha de su vigencia, con certificación de firmas ante un escribano público, un juez de paz o una entidad bancaria y podrá ser inscripto por cualquiera de las partes en los registros inmobiliarios".
La mediería frutihortícola, contrato agrario asociativo de gran relevancia en las economías regionales de todo el país, ha carecido hasta el momento de una regulación específica que favorezca su desarrollo en el marco normativo vigente.
La frutihorticultura es actualmente un sector productivo de gran relevancia en el país, y se solventa casi totalmente con los recursos propios de los productores. Este sector, sólo en la provincia de Buenos Aires, implica más de 100 mil hectáreas de horticultura intensiva, 3 millones de toneladas de alimentos frescos por el valor de 500 millones de dólares anuales y 250 mil trabajadores directa o indirectamente vinculados a la actividad.
El contrato deberá contener los nombres de las partes, las cuit, el destino productivo de la explotación y los aportes que realicen, las mejoras existentes en el predio, el plazo de la mediería, el porcentaje y la forma de entrega del producto a repartir y la forma de comercialización.
Con esta regulación, el gobierno busca dar un marco legal a un contrato que afecta a gran parte de la producción rural, en vísperas de iniciarse una nueva zafra frutícola, en el Alto Valle del Río Negro y Cuyo y la vendimia 2001.
Hasta ahora, la relación entre el productor y el mediero era regida, por extensión, a través de la figura del contrato de aparcerías, utilizados en las explotaciones agropecuarias, en el marco de la ley 13.246 de 1947 modificada por la ley 22.298 de 1982. De esta manera, el negocio frutihortícola cuenta desde ahora con un instrumento específico.
Uno de los inconvenientes existentes era que los contratos entre el productor y el mediero debían ser protocolizados para darle seguridad jurídica, lo que implicaba un incremento de los costos, al tiempo que muchas veces este contrato era desnaturalizado, encubriéndose una relación laboral de dependencia.
El nuevo marco legal obliga al mediero frutihortícola al pago de sueldos, jornales, aportes y contribuciones por el personal en relación de dependencia que se desempeñe en la explotación.
En tanto, obliga al productor a denunciar al mediero si éste no cumpliera con las obligaciones laborales y previsionales, ya que en caso de omisión, será solidariamente responsable con el mediero por las obligaciones devengadas.
Uno de los impulsores del proyecto cuando desempeñaba funciones como diputado nacional fue el actual vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Marcelo Muniagurria. Aquel proyecto recibió media sanción pero no superó la instancia del Senado. La actual ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, rescató la propuesta y dada la importancia del tema, el gobierno nacional promulgó un decreto.

Muniagurria y Bullrich le dieron empuje al proyecto.