España: el oficialismo se negó a condenar el golpe de Franco

Jorge Vogelsanger

Madrid.- El 18 de julio de 1936 sigue siendo en España una fecha para la polémica. Ese día, un levantamiento militar contra el gobierno republicano legítimamente constituido dio origen a una guerra civil de 978 días que finalizó con 600.000 víctimas mortales y desembocó en la férrea dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
Pero afrontar este capítulo de la historia, el de la lucha fratricida de las "dos Españas", resulta difícil. Así lo demostró el lunes por la noche una sesión plenaria del Congreso de los Diputados, donde la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular (PP) impidió una declaración de condena al "Alzamiento Nacional", como se dio por llamar al golpe de los militares apoyado por los falangistas, y en la que se lamentaba "el enfrentamiento civil que provocó".
La iniciativa pedía además que se encomendara a las autoridades retirar los símbolos franquistas que aún hoy se encuentran en el país en forma de estatuas -una de ellas frente al Ministerio del Medio Ambiente en Madrid-, nombres de calles o placas conmemorativas. El partido del presidente del Ejecutivo, José María Aznar, justificó su negativa alegando que no cabía "resucitar viejas querellas o ahondar antiguas trincheras". Pero, por segunda vez en año y medio, el PP se quedó solo a la hora de la votación: 164 de sus diputados se pronunciaron en contra de la iniciativa, mientras que 151 parlamentarios de la oposición lo hicieron a favor.
Esta "proposición de No a la ley" había sido introducida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna en una comunidad que, al igual que Cataluña, fue especialmente castigada durante la dictadura franquista. Pero el PP vio detrás de esta iniciativa una "cortina de humo" de los nacionalistas "para ocultar sus vergüenzas políticas", es decir, sus aspiraciones soberanistas en el País Vasco.
La moción tuvo un elemento de polémica añadido, ya que mezclaba la condena del golpe del 36 con el rechazo del terrorismo por parte de la organización separatista vasca ETA, un apartado que el PNV asumió a instancias de otras fuerzas políticas. Así, el texto decía que "sólo desde una concepción totalitaria y fascista puede practicarse el asesinato y la coacción terrorista".
Es posible que la decisión de mezclar ambas cosas fuera desafortunada y que el debate no se debería haber llevado a cabo en estas circunstancias, como señalaban algunos comentaristas. Pero lo cierto es que todos los demás partidos, desde los socialistas del Psoe hasta los comunistas de Izquierda Unida (IU), así como los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), se sumaron a la proposición.
El PNV justificó su propuesta con un resurgimiento de los "comportamientos totalitarios y excluyentes" que, a su juicio, se está viviendo en España y que, en su opinión, quedó demostrado con la reciente decisión del gobierno de Aznar de condecorar e indemnizar de forma póstuma al torturador franquista Melitón Manzanas, el inspector de policía que se convirtió en 1968 en la primera víctima mortal de un atentado premeditado de ETA.
Los socialistas, en boca de su portavoz Joaquín Leguina, reconocieron que detrás de la iniciativa de los nacionalistas vascos podría haber una doble intención, la de "meter el dedo en el ojo" al PP, pero minimizó este aspecto ante la relevancia de aprovechar la ocasión para acabar con la ambigüedad y la "amnesia" ante sucesos "horrorosos e inmorales" del pasado reciente como lo fue el golpe del 36.