El interventor de la Empresa Provincial de la Energía, Antonio Caro, condicionó ayer la cesión del 10 por ciento que corresponde a los trabajadores bajo el régimen de propiedad participada en la futura privatización del ente energético a un "acuerdo razonable" que ponga punto final a la demanda que por un monto aproximado a los 130 millones de pesos mantiene la federación del sector (Fatlyf) a raíz de una deuda de aportes.
Lo hizo luego de recibir anoche por espacio de casi tres horas en su despacho de la capital santafesina a una nutrida representación de dirigentes del gremio de Luz y Fuerza de toda la provincia, quienes llegaron a la reunión luego de presentar recursos de amparo en los tribunales provinciales con el objetivo de asegurarse la participación accionaria.
En rigor el prolongado cónclave concluyó sin mayores definiciones y las partes -que coincidieron en destacar como positivo el encuentro- acordaron volver a encontrarse la semana próxima para continuar las negociaciones.
"El gobierno está dispuesto a otorgarle la propiedad participada a los trabajadores, pero también tiene que cumplir la ley para lo cual se debe solucionar previamente el juicio", sostuvo Caro al salir de su despacho. Si bien el funcionario confió en que "hay voluntad de todos para llegar a un acuerdo razonable", afirmó al mismo tiempo que "queda garantizado que hay un 10% que no se vende y que quedará en manos de la provincia para traspasarlo a los trabajadores en el marco del programa de propiedad participada (PPP) una vez que se solucione en algún momento los juicios pendientes".
Por su parte el secretario general de Luz y Fuerza Santa Fe, Atilio Bonantini, definió como "positiva" la reunión: "Hemos planteado nuestra posición y ha sido escuchada. Además hicimos notar fallas bastante pronunciadas en el contenido de la ley (de privatización) que es necesario corregir".
Los dirigentes lucifuercistas deslindaron además que un eventual acuerdo por la millonaria demanda entablada contra la provincia "es una cuestión que debe ser negociada por la Federación (nacional), lo que planteamos nosotros es que nada tiene que ver la propiedad participada de los trabajadores con ese juicio, y si la ley lo establece así es un tema que debería ser corregido", concluyó.
Respecto de las condiciones legales planteadas por el gobierno provincial para conformar el PPP, Bonantini dijo: "Nos consta que el gobernador tiene toda la buena intención y es su deseo que la propiedad participada sea transferida a los trabajadores como corresponde. Y como los deseos del gobernador a veces se transforman en órdenes creemos que esto finalmente va a concretarse".
Consultado sobre si el recurso de amparo presentado ayer actuaba como un elemento de presión, Bonantini recordó que el planteo judicial estaba previsto con antelación. "Nuestra intención es poner a resguardo el derecho de los trabajadores, pero bajo ningún punto de vista debe ser visto como una presión y así lo entendió el ingeniero Caro", explicó.
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Caro recibió ayer a la dirigencia de Luz y Fuerza. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
