El expediente por el presunto reparto de coimas a senadores quedó a cargo del juez federal Gabriel Cavallo, que compite con buenas chances por el cargo que en 1997 dejó vacante el entonces camarista federal Juan Cortelezzi. Así lo decidió ayer la Cámara Federal porteña.
Cavallo, que reemplazará a su suspendido colega Carlos Liporaci, asumirá la investigación del Senado cuando regrese de sus vacaciones. Mientras tanto, será el juez Rodolfo Canicoba Corral quien se ocupará del delicado asunto para indagar, dentro de una semana, al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.
La suspensión de Liporaci agrava la situación en un fuero que parece quedarse sin jueces: Norberto Oyarbide no ejerce su función de magistrado desde hace más de tres años, cuando fue denunciado como protector de prostíbulos; Carlos Branca fue destituido de su cargo de juez en 1999, fue a prisión y en abril será juzgado por presunto contrabando.
El juez Juan José Galeano está en funciones, pero con dedicación exclusiva a la causa Amia, por lo que el tribunal que encabeza no forma parte de los sorteos de causas ni realiza turnos por hechos policiales. Adolfo Bagnasco, en tanto, renunciará antes de mayo para dedicarse a la actividad política. Y Gustavo Literas seguirá sus pasos, para ejercer la abogacía en forma liberal.
Cavallo, en tanto, está concursando por el cargo vacante que existe en la sala I de la Cámara Federal porteña, que desde la renuncia de Cortelezzi está integrada únicamente por Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani. La convocatoria para cubrir la vacante, obviamente, fue realizada por el Consejo de la Magistratura, órgano creado para la designación y sanción de magistrados.
De excelentes relaciones con la sala I, Cavallo ostenta además el primer puesto entre los aspirantes al lugar que ocupó Cortelezzi, por lo que también dejará su cargo si finalmente logra el ascenso.
Actualmente Cavallo tiene bajo su órbita su propio tribunal (el Nº4) y el juzgado cuyo titular es aún Oyarbide. Y a su regreso de vacaciones deberá asumir todas las investigaciones que tramitaba Liporaci.
Entre las medidas que ordenó Liporaci antes de su forzado egreso de los tribunales, figuran las audiencias en las que serán indagados Fernando de Santibañes (fijada para el 27 de febrero) y el senador José Genoud, que el sábado había dicho que pedirá que se anticipe su declaración, prevista para el 16 de marzo. Se presume que estos interrogatorios serán tomados por Canicoba Corral, pero las siguiente diligencias deberán ser conducidas por Cavallo.
Con la ampliación del fuero federal dispuesta durante el gobierno de Carlos Menem fueron nombrados en 1993 un total de doce magistrados, de los cuales quedan nueve: con Liporaci hay dos suspendidos, y Branca fue removido de la magistratura.
Cuando renuncie Bagnasco, quedarán ocho, pero Galeano está dedicado al caso Amia, por lo que habrá sólo siete jueces para tramitar las investigaciones que queden sin juez y aquellas que se inicien en el futuro.
Si Literas opta por la práctica privada y Cavallo asciende a camarista, entonces habrá cinco jueces -Canicoba, Claudio Bonadío, María Servini, Jorge Ballestero y Jorge Urso- para todos los juzgados.
Con este panorama, nadie puede asegurar hoy por hoy, cual de ellos continuará la investigación por el dinero sucio que habría circulado en el Senado de la Nación.
Por otra parte, Cavallo (reemplazante natural de Liporaci) está llevando adelante las investigaciones por el supuesto enriquecimiento ilícito del suspendido juez federal. La causa tiene en la mira la compra de una costosa finca por parte de Liporaci en la localidad de Vicente López. Precisamente ese negocio inmobiliario estuvo en el centro de la acusación que ayer terminó por suspender al polémico juez y ponerlo al filo de la destitución.
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La Ciudad
