Un juez chileno aceptó una querella contra cuatro jefes militares y policiales del país por obstruir la entrega de datos de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente chileno, Ricardo Lagos, divulgó en enero un informe elaborado por los militares sobre el paradero de 200 detenidos desaparecidos, de los cuales 150 habría sido arrojados al mar y otros 50 estarían en fosas clandestinas. Pero el informe ha sido duramente cuestionado por los familiares de las víctimas, debido a su vaguedad e inexactitudes. La abogada informó ayer que el juez suplente del 8º juzgado del crimen de Santiago, Patricio Souza, aceptó dar trámite a la querella presentada contra los comandantes del ejército, general Ricardo Izurieta y de la armada, almirante Jorge Arancibia, así como el de la fuerza aérea, general Patricio Ríos, y el director general de carabineros (policía), Manuel Ugarte.
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La Ciudad
