Reflexiones

Reforma tributaria

Oscar Lamberto (*)

El déficit crónico del Estado argentino, y las marchas y contramarchas de las políticas económicas contribuyeron para que el país tenga un sistema tributario complicado, contradictorio y por lo tanto poco eficiente a la hora de recaudar.La Administración Federal de Impuestos tiene a su cargo administrar más de seiscientas leyes que crean tributos. Si además el organismo emite innumerables resoluciones circulares y dictámenes sin contar con las del tribunal fiscal o los fallos judiciales, el sistema todo se transforma en un verdadero galimatías, inentendible para los funcionarios y los contribuyentes.
En general existe acuerdo en la necesidad de simplificar el sistema dejando pocos impuestos de base general y con tasas menores que las actuales. Pero como los impuestos son consecuencias de concepciones políticas, una reforma tributaria debe contemplar un conjunto de definiciones previas que expresen el máximo nivel de consenso social. En nuestro país se gravan la renta, el consumo, la inversión, el patrimonio y también el trabajo. Los impuestos creados en forma transitoria para atender situaciones coyunturales se mantienen en forma indefinida, así sobreviven normas para las épocas de inflación para corregir el déficit de la balanza comercial, las que eran sostenibles en una economía cerrada.
Todos los impuestos combinados hacen que el país tenga una de las presiones tributarias teóricas más altas del mundo y como consecuencia de la evasión una recaudación real de las más bajas. En este sentido son cada día más las opiniones a favor de una menor carga teórica y un drástico combate a los que evaden. El debate de fondo se va a producir en el momento de decidir qué impuestos se deben derogar o que tasas se tienen que reducir.
El país tiene que resolver problemas de competitividad, de inversiones, de empleo y de captación de capitales, pero además necesita una masa de recursos para un adecuado financiamiento del Estado. Una gran cantidad de las normas existentes entorpece o imposibilita la resolución de estos problemas, por lo cual serían las primeras que debieran corregirse o eliminarse. Pero bajar las tasas que gravan los consumos, desgravar la inversión y el empleo y además contar con medios para que la administración pública pueda cumplir con sus fines sólo es concebible en una economía que tenga perspectivas de un crecimiento vigoroso y donde se logre una drástica reducción de la evasión.
Para la expansión económica ayudaría una política de repatriación de capitales de argentinos que están colocados en el exterior y que solamente volverán si las condiciones fiscales, de rentabilidad y seguridad que les ofrece el país son mejores que las que gozan en la actualidad.
El momento para tomar estas definiciones es oportuno, porque hoy la realidad internacional juega a favor del país: suben los commodities que exportarnos, baja el valor del dólar respecto del euro y EEUU bajó la tasa de interés. Si, además, el poder administrador lograra generar confianza se puede salir de la recesión.
Por los anuncios que realizó el gobierno pareciera que primero se eligió consultar con técnicos que siempre expresan intereses concretos para comenzar a estudiar una posible reforma. Esto es muy peligroso, porque o bien se quiere entretener a la opinión publica para que nada cambie, o bien se corre el peligro de una reforma a la medida de los sectores que financian a las fundaciones que proponen los técnicos.
Primero hay que tomar las definiciones políticas sobre qué sistema tributario se quiere, cuéles son sus objetivos y sobre qué sector o manifestación de la riqueza caerá la carga. Luego los especialistas propondrán la redacción de los proyectos que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso y finalmente será en este lugar donde se decidirá el destino de la reforma, escuchando la opinión de todos los sectores involucrados. Sólo así podremos contar con un sistema que se mantenga por muchos años, que no castigue a quien quiera trabajar en Argentina y que permita recrear un Estado que les sirva a los ciudadanos.
(*) Diputado nacional (PJ)