Año CXXXIV
 Nº 48.952
Rosario,
martes  28 de
noviembre de 2000
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Editorial
Ante la tragedia cañadense

Larga y dolorosa memoria guardarán los cañadenses de la terrible y meteórica inundación que se abatió el miércoles pasado sobre su ciudad. Fue un desastre enorme convertido en tragedia, por cuanto hubo que lamentar la muerte de tres personas. A esto se sumaron decenas de heridos, miles de evacuados y pérdidas materiales cuantiosas, tanto en viviendas particulares destruidas como en comercios y fábricas de muebles -pese a la crisis, este ramo industrial aún distingue a tan laboriosa comunidad del oeste santafesino- arrasados. Una estimación nada exagerada evalúa el total de los destrozos en 20 millones de pesos. Es que en el lugar hubo casas derribadas y el resto con dos metros de agua y decenas de centímetros de lodo. A esto se sumaron el destrozo o la inutilización total de muebles y enseres domésticos.
Se trató de una catástrofe de la naturaleza como consecuencia de las lluvias extraordinarias y de una intensidad hasta ahora desconocida ocurridas al norte de la cuenca del arroyo Cañada de Gómez. De tal manera y pese a las obras de canalización a punto de finalizar que, con una inversión de tres millones de pesos, lleva adelante la provincia, el cauce resultó insuficiente para contener el aluvión de agua y barro.
Pasada la catástrofe, ahora queda restañar heridas y comenzar la reconstrucción, sin dudas una tarea enorme. Los propios damnificados son quienes deberán afrontar en mayor proporción tamaño esfuerzo, más allá de que los gobiernos de la Nación y la provincia se hayan comprometido en una ayuda de 3,5 millones de pesos. Este dinero demorará algo en llegar, pues se necesita cumplir con ciertos inevitables pasos burocráticos. Es obvio que esa cifra no resulta suficiente para cubrir una parte sustancial de los 20 millones de pesos perdidos. En consecuencia, es indispensable que los poderes públicos arbitren otras soluciones complementarias, como nuevos subsidios, eximiciones impositivas, líneas de créditos especiales y blandos, etcétera.
Descontando que la ayuda llegue en cantidad suficiente y con fluidez adecuada, y que los vecinos tengan ánimo y con qué enfrentar el esfuerzo de reconstrucción que la hora demanda, otras dos cuestiones deben tenerse en cuenta.
Una, que es necesario esclarecer -y proceder en consecuencia- las denuncias de que las obras de canalización del arroyo en marcha podrían estar mal proyectadas y que esa podría haber sido una de las causas de la catástrofe.
Otra, que resulta criminal -y, en consecuencia, hay que reverla- la política de autorizar loteos y construcciones en zonas inundables.
Sería relevante que acerca de ambas cuestiones aparecieran los responsables y que, si cabe, sobre ellos se hiciera sentir el peso de la Justicia. Serviría como disuasorio de futuras conductas similares.


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